Por: Juancarlos Vargas
Actualmente se lleva a cabo en Washington, D.C.
el Cuadragésimo Cuarto Período de Sesiones de la Organización de Estados
Americanos (OEA) foro en el que se discutirá la propuesta de reforma de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que impulsa Ecuador. Esta
propuesta de alto contenido político busca limitar la autonomía del organismo
de promoción y protección de derechos humanos, a través del condicionamiento de
las contribuciones económicas que realizan los estados. El propósito es
debilitar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el cual
resulta cada vez más incomodo para la mayoría de los Estados ALBA.
Es precisamente con relación a los Estados ALBA
que la CIDH ha venido llamando la atención por el aumento del número de casos
de violaciones de derechos humanos, debilitamiento del principio de división de
poderes, aumento de persecución política, no cumplimiento de decisiones
dictadas por la CIDH, y cercenamiento del derecho a la libertad de expresión y
opinión.
Entre las propuestas que se discuten está que
los derechos humanos sean plenamente promocionados y garantizados por los
Estados a través de sus instituciones nacionales de promoción y protección de
derechos humanos, lo cual ya es una obligación de esas instituciones
(defensorías, procuradurías y comisiones nacionales de derechos humanos, entre
otras), esas instituciones están cuestionadas por falta de imparcialidad que
deriva de la identificación ideológica de quienes la dirigen, ejemplo de esto,
es el caso de la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Asimismo, el pretender que
la CIDH no tenga ningún rol sobre este particular atenta contra el propósito de
este órgano de control, pues la Comisión Interamericana es subsidiaria y
complementaria y debe actuar cuando los Estados Partes de la OEA asumen
conductas que se traducen en violación, bien por acción como por omisión de
alguno de los derechos humanos consagrados no sólo en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos sino también en la Declaración Americana de los Deberes
y Derechos el Hombre.
Se señala que el Sistema Interamericano de
Protección debe ser universal, deducimos que se refieren a que los Estados
miembros de la CIDH deber ser Estados Partes de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, lo cual demuestra algo de desconocimiento de parte de los
autores de la propuesta sobre aspectos básicos en materia de organizaciones
internacionales. Sobre el particular, hay que recordar que la Comsión Interamericana
de Derechos Humanos es una organización internacional, y por ende tiene
personalidad jurídica conforme al derecho internacional público. Las
organizaciones internacionales son universales o regionales, es claro que la
CIDH es y seguirá siendo regional porque sólo pueden ser parte de ella los
Estados miembros de la OEA. Otra cosa distinta es que se pretenda imponer como
condición para ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto tiene un
claro contenido anti norteamericano, pues Estados Unidos de América no ha
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no por ello
escapa del control de la CIDH, pues se debe recordar a Ecuador, Bolivia,
Venezuela y a los demás Estados que impulsan esta parte de la propuesta, que
todos y cada uno de los Estados Partes de la OEA deben cumplir con los derechos
humanos contemplados en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del
Hombre, la cual si bien no es un tratado internacional, desarrolla y amplía las
obligaciones asumidas por los Estados al obligarse a cumplir la Carta de la Organización
de Estados Americanos, lo cual se traduce en que todo Estado parte de la OEA
debe cumplir la Declaración Americana, estando facultada la CIDH para conocer
de casos por la violación de dicha declaración. Por lo que si un Estado Parte
de la Organización de Estados Americanos no desea seguir estando sometido a la
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá dejar de
ser parte de la OEA, pues de lo contrario seguirá estando bajo la vigilancia de
la CIDH quien en ese supuesto velará por el cumplimiento de la Declaración
Americana de los Deberes y Derechos del Hombre.
Mención aparte merece el caso del Estado
venezolano, quen anunció la denuncia de la Convención Americana en fecha 10 de
septiembre de 2012, y está a la
espera a que finalice el año establecido por la propia Convención Americana
sobre Derechos Humanos para que se perfeccione la denuncia. No obstante, cabe
destacar que aún Venezuela es Estado miembro de la OEA.
Otro aspecto que se discute tiene que ver con
que todas las relatorías sean especiales, esto tiene el propósito de debilitar
a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la cual ha cuestionado
los atentados contra este derecho en cada uno de los Estados ALBA, destacando
los casos de Venezuela, Bolivia, Argentina y más recientemente de Ecuador. Los
Estados deben asumir el compromiso de cumplir con lo establecido en los
Artículos 13 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el
Artículo 4 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre.
Por otra parte, Ecuador insiste en que la sede
de la CIDH debe estar en un Estado Parte de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, ello en clara alusión a que Estados Unidos de América no ha
ratificado este tratado, y se sugiere como una eventual nueva sede Argentina,
este punto que no deja ser polémico y utilizado como un elemento político, no presenta
mayor trascendencia, Washington, D.C. es la sede porque así lo acordaron los
Estados miembros del organismo en 1959. En todo caso, está claro que lo
importante es que los Estados soberanos precisamente por ser soberanos cumplan
de manera voluntaria sus obligaciones internacionales, sin invocar el derecho
interno, sin el obsesivo discurso anti-imperialista o la desfasada soberanía
absoluta cuando no están de acuerdo con alguna decisión de un organismo internacional
al cual han aceptado someterse libres de apremio.
Ecuador, Bolivia y Venezuela han sido los
principales Estados que han amenazado con dejar el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, estos Estados ya demostraron su desapego por el
derecho internacional cuando cada uno de ellos por separado formalizó la
terminación el Convenio de Washington o Convenio del Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), debido a las reiteradas
condenas que le fueron impuestas por tribunales arbitrales por la violación de
los estándares que tienen como propósito proteger a los inversionistas
extranjeros de los abusos de los Estados receptores, en aquel entonces al igual
que ahora se escribe y se habla de crear organismos adscritos al ALBA con
competencia en materia de solución de diferencias inversiones-Estados
receptores y órgano de control en materia de derechos humanos. Esto sólo
terminaría por contribuir más aún con la fragmentación del derecho
internacional y con dividir a los Estados Partes de la OEA, pues el organismo
que surja en medio de esta excesiva politización tendrá que enfrentar una
fuerte presión, pues si bien el Sistema Interamericano es perfectible, ya ha
sido puesto a prueba con éxito durante la época de las dictaduras que azotaron
a América Latina durante buena parte del siglo pasado, y durante el presente
siglo ha venido modernizándose.
Los Estados ALBA deben terminar de comprender que
democracia y derechos humanos son indisolubles, que estos tiempos se impone la
apertura, el cumplimiento de las obligaciones internacionales, que la
manipulación, así como las proclamas de soberanía absoluta y de libre
determinación a la usanza de la época del esquema bipolar no
tienen cabida en el actual sistema internacional.
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