20 DE MARZO 2015 - 12:01 AM
“No son casos aislados, sino una política sistemática del Estado que se ha agudizado durante el gobierno de Nicolás Maduro”, destacó Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, durante la presentación de un estudio sobre los patrones de persecución a la oposición en Venezuela.
La advertencia de Borges sobre la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos tiene implicaciones muy graves en términos de responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de los atropellos. “Si, como hemos podido documentar, los excesos corresponden a prácticas concurrentes y repetidas, el análisis jurídico-político trasciende a la evaluación de la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia misma en Venezuela. Precisamente por ello es que la Constitución establece que las violaciones graves de los derechos humanos son imprescriptibles”, insistió la directora de Cepaz.
Se analizaron 35 casos que incluyen diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes, dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales, y estudiantes.
Criminalización. Se identificaron ocho patrones que, en conjunto, fundamentan la ejecución de la llamada criminalización de la disidencia: 1.- apertura de procedimientos judiciales (86,71%); 2.- estigmatización a través de los medios de comunicación social (42,86%); 3.- allanamientos irregulares a la propiedad privada (22,86%); 4.- aquiescencia estatal sobre actos de violencia (17,14%); 5.- destitución de cargos públicos (11,43%); 6.- allanamiento de la inmunidad parlamentaria (5,71%); 7) usurpación de funciones públicas (5,71%), y 8.- inhabilitación política (2,86%).
