JUANCARLOS VARGAS | EL UNIVERSAL
jueves 3 de abril de 2014 12:00 AM
Como consecuencia de la criminalización de las protestas estudiantiles que se vienen llevando a cabo a lo largo y ancho del país desde el 4 de febrero, el régimen de Maduro a través de la GNB, PNB, Guardia del Pueblo y paramilitares, han implementado una brutal represión que ha costado la vida de al menos 39 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes que se encontraban ejerciendo el derecho a la protesta o cerca de las zonas de manifestaciones.
Estos asesinatos como hemos señalado en anteriores artículos, es posible subsumirlos dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) relativo a lo crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, se estima que para convencer al Fiscal y a los jueces de la CPI que estas graves violaciones de DDHH constituyen delitos de lesa humanidad, es importante no solo centrarse en el número de víctimas, pues ello es relevante, pero se estima aún más significativo el modus operandi que se ha venido utilizado para perpetrar estas muertes, debido a que éste coincide, en gran medida, con los medios empleados por otros criminales de lesa humanidad sentenciados por tribunales internacionales ad hoc, así como por la propia CPI en el caso de Germain Katanga.