La Crisis Provocada por la Sala Constitucional

Por: Juancarlos Vargas

El Estado de Derecho está íntimamente vinculado con la noción de imperio de la ley. Dicho en términos más claros, el imperio de la ley no se refiere al derecho que es, sino al derecho que debe ser.[1] El régimen chavista ha inculcado valores anti-democráticos para pervertir la convivencia en democracia y el estado de derecho, llevando a Venezuela a una nueva forma de dictadura, como los son las denominadas “dictaduras electorales”, las cuales aparentan cumplir los requisitos de una democracia por la mera celebración de elecciones. En las elecciones se utilizan recursos del Estado, se recurre a la movilización de las masas que han endiosado la figura del líder neo-totalitario. Dicha movilización exitosa de las masas ha permitido al régimen chavista justificar atropellos al imperio de la ley, el irrespeto al estado de derecho, y la violación de derechos humanos  fundamentales, todo ello bajo el pretexto que el país debe someterse a la voluntad de las “mayorías” que  han venido respaldando al chavismo durante los últimos catorce años, y en consecuencia  todo es legal, si el pueblo “mayoritario” así lo desea, o lo que es igual si Chávez así lo desea.

El irrespeto hacia el estado de derecho y al imperio de la ley fue materializado de manera aberrante por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la tan comentada sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales. Esta decisión constituye una burla para los venezolanos, pues con ella se pretende justificar, utilizando una vez más la mentira y la manipulación de la legalidad, el expresarse que aunque el presidente electo no tomó juramento de su cargo el pasado 10 de enero de 2012, como lo señala la Carta Magna en el artículo 231, se esgrimió la rebuscada tesis de la continuidad administrativa, con el propósito de dar una aparente legalidad de continuidad a los funcionarios nombrados por Chávez durante el pasado mandato constitucional, incluyendo al Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, quien a nuestro criterio está ejerciendo funciones al margen de la Constitución de 1999, así como evitar la declaratoria de la falta temporal y de la falta absoluta.

Esta estrategia carente de toda ética y basamento jurídico tiene a Venezuela al borde de una crisis política, social y económica sin precedentes, pues la incertidumbre, la sensación de vacío en el gobierno, acompañada de la mentira, podrían generar la mayor de las frustraciones entre los propios seguidores de Hugo Chávez, a quienes se les señala que el presidente electo está gobernando, girando instrucciones y tomando decisiones, cuando en realidad se desconoce su paradero y su verdadero estado de salud.

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[1] Véase sobre este tema a Hayek, Frederich, The Constititution of Liberty, 1960.