Rocío Galván I El Mundo I 10 de Noviembre 2015
Los abogados Carlos Vecchio y Juan Carlos Gutiérrez, que representan a un numeroso grupo de familiares de víctimas venezolanas, han solicitado hoy a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que abra una investigación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios altos funcionarios del Gobierno chavista por supuestos crímenes de lesa humanidad.
"Pedimos al CPI que inicie una investigación con carácter de urgencia para impedir una nueva oleada de crímenes de lesa Humanidad en caso de que, como vaticinan las encuestas, Maduro no gane las elecciones del próximo 6 de diciembre", explica el abogado Juancarlos Vargas, uno de los autores del documento.
El documento entregado a la CPI, al que ha tenido acceso este periódico, tiene 190 páginas y basa su fundamento jurídico en el artículo 15 del Estatuto de Roma. El informe ha sido elaborado por un grupo de abogados expertos en Derecho Internacional de todo el mundo entre los que se encuentran la británica Joanna Frivet, el argentino Francisco Quintana y el venezolano Juancarlos Vargas.
Según explica Vargas a EL MUNDO, el documento presenta información detallada y "elementos probatorios que evidencian la participación directa de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno en la comisión de crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, encarcelación, tortura, persecución y otros actos inhumanos. Delitos que se encuentran tipificados en el artículo 7.1 del Estatuto de la CPI, los cuales fueron perpetrados como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil".
Durante nueve meses, este equipo de abogados ha recopilado testimonios de víctimas, vídeos, fotografías e informes de organismos internacionalescomo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch o Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (Ifex).
"Maduro ha venido amenazando de manera sistemática a la población civil a través de dos vías. Una, como política de Estado para reprimir a la oposición y a todo aquel que el régimen tilda de 'fascista'. Y dos, a través de una persecución judicial en la que el propio presidente ordena a jueces y fiscales amañar pruebas y testigos para encarcelar a disidentes", explica Vargas.
A pesar de que el documento aporta evidencias de la muerte de 36 civiles, este abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela asegura que los delitos son "generalizados" porque afectan a todo el país y a todos los estamentos sociales. "Entre las víctimas no sólo hay políticos, también hay estudiantes, abogados, activistas de derechos humanos, empresarios o dueños de medios de comunicación", relata Vargas.
Este equipo de juristas ha constatado que desde febrero de 2014, el Gobierno de Maduro encarceló a 3.700 personas, torturó a 437 y detuvo de forma arbitraria a 638. De ellos, todavía 74 presos políticos continúan en la cárcel sin un juicio justo. "Es imposible obtener justicia con un poder judicial arrodillado ante el presidente", lamenta Vargas.
"El presidente Maduro conjuntamente con integrantes de su entorno más cercano, el cual se conoce como el Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana, diseñó un plan para amedrentar, confrontar, y castigar a la disidencia, y además organizó y participó en la aplicación de dicho plan, que generó la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Como parte de este plan, el presidente Maduro y funcionarios del Gobierno pertenecientes a su entorno más íntimo desplegaron a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos paramilitares pro gubernamentales, que se encuentran bajo el control de facto del presidente, para reponder con violencia brutal, indiscriminada y desproporcionada frente a protestas y manifestaciones que inicialmente eran pacíficas", aseguran el informe elaborado por este equipo de juristas.
De hecho, la identidad de los familiares de las víctimas no se facilitará por razones de seguridad. Por el mismo motivo, la Fiscalía del CPI tampoco revelará los nombres de los altos funcionarios del chavismo que, según este informe, podrían haber cometido crímenes de lesa humanidad. "Entre esos funcionarios hay gobernadores, ministros, jueces, fiscales y militares en activo", reconoce el abogado venezolano.
Casi coincidiendo con esta noticia, el presidente de Venezuela tiene previsto pronunciar un discurso el próximo jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue el propio Maduro quien solicitó la semana pasada comparecer ante el pleno para explicar precisamente la situación de los Derechos Humanos en su país. "Cuando fijamos la fecha hace semanas no teníamos en mente la alocución del presidente de Venezuela", reconoce Vargas. Ahora Maduro tendrá que responder a muchas preguntas.
