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domingo, 28 de febrero de 2016

De la esperanza del 6D a la incertidumbre post 13E

Zulmaire González
14 enero de 2016/La Patilla

Después del 6 de diciembre de 2015 la esperanza inundó a los venezolanos debido a la elección de 112 diputados opositores para ocupar escaños en la Asamblea Nacional. El inicio del cambio que tanto anhelamos estaba por comenzar, gracias al control de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, por lo que habían suficientes motivos para el optimismo y la esperanza.

Muchos no olvidamos que el slogan de campaña de la nueva minoría en la Asamblea Nacional era “Pa’ la asamblea como sea” y que esa minoría está compuesta por individuos inescrupulosos de cuestionada reputación, quienes han venido perfeccionando el uso abusivo y la manipulación de la institucionalidad y legalidad por parte de los poderes públicos por mas 17 años, con el propósito de permanecer en el poder a toda costa sin importarles la destrucción de nuestro país.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que la minoría parlamentaria que ahora se autodenominan los parlamentarios de la patria, hayan utilizado al poder judicial para cumplir el cometido inicial “Pa’ la asamblea como sea”, obviando que más de siete millones setecientos mil venezolanos dijeron el 6D que desde la nueva Asamblea Nacional se iba a comenzar a trabajar por el cambio y la libertad de Venezuela.

Lo que si no se esperaba es que la mayoría de diputados representados por los partidos que hacen oposición a la dictadura cruel que existe en el país, acataran la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia compuesta por magistrados cuya designación está viciada de nulidad absoluta. Es decir, el 13 de enero, prevaleció la decisión de unos magistrados que carecen de legitimidad de origen sobre la legítima y soberana voluntad de los venezolanos que se manifestaron a través del voto el pasado 6 de diciembre.

Ahora me pregunto como muchos venezolanos, ¿por qué los partidos opositores siendo mayoría se comportan como minoría? Si se obtuvieron 112 diputados que significa poseer la mayoría calificada gracias a los más de siete millones setecientos mil venezolanos que quieren un cambio democrático en el país, ¿por qué defraudarlos con seguirle al juego al régimen? ¿Por qué el poder legislativo, decidió no defender la voluntad de los electores en este momento? ¿Por qué limitarse a dar respuestas jurídicas a problemas políticos?

Hay que tener en cuenta que la soberanía y el poder se ejercen, no se proclaman, como hemos escuchado desde el 6 de diciembre: somos mayoría, nadie doblegará la voluntad del pueblo, estamos blindados, somos 112, etcétera. Al contrario, los venezolanos esperamos que los diputados opositores electos dejen de proclamarse ganadores, mayoría y comiencen a ejercer con contundencia, coherencia y mucho coraje el rol que le fue asignado por el pueblo a través del voto el pasado 6D. No se trata de atropellar ni de revancha, como se ha señalado para crear una matriz mediática, se trata de que representen cabalmente los intereses de los venezolanos quienes a través del voto los escogieron como diputados de la Asamblea Nacional y esto pasa primero por defender esa voluntad.

De la esperanza del 6D pasamos a la incertidumbre de lo que realmente sucederá en el país luego que el 13E aceptaron la desincorporación de los diputados de Amazonas, basados en una sentencia completamente ilegal. Además, quedó en evidencia que muchos opositores siguen viviendo en la negación de lo que verdaderamente sucede en el país. En Venezuela hay una dictadura y las dictaduras no negocian, no ceden, al contrario, reprimen, generan terror, buscan mantener la apariencia de legalidad para continuar en el poder y por ende, en este momento no se trata de negociar, dialogar, recular o ceder, se trata de buscar las herramientas para cambiar el actual modelo político para generar los cambios económicos y sociales que tanto necesita nuestro país.

Sino cambiamos el fracasado modelo político poco se puede hacer para solucionar los graves problemas que actualmente nos afectan. No debemos olvidar que en pleno siglo XXI, los venezolanos no somos libres, que en Venezuela no hay libertades y lo primero que debería estar en la agenda de todos los venezolanos es rescatar la democracia, ser libres de nuevo.

@zulmaire
zulmairegonzalez@gmail.com

jueves, 16 de octubre de 2014

Carta abierta a Diosdado Cabello Rondón (Asociación para la Prevención de la Tortura:)


Fuente: http://www.derechos.org.ve
Jueves 16 de octubre de 2014

APT
La Asociación para la Prevención de la Tortura a través de una carta abierta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón, expresó  su profunda preocupación frente a las declaraciones hechas en el programa de televisión “Con el Mazo Dando”, transmitido en vivo el pasado 9 de octubre, sobre el Sr. Humberto Prado, Coordinador General del Observatorio Venezolano de Prisiones. En este programa, Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional, hizo afirmaciones acerca del reciente viaje del Sr. Prado a la Ciudad de Panamá durante el cual, según sus palabras, “Estuvo reunido con gente extraña. El siempre anda reunido con gente extraña”. Lo acusó, además, de “estar muy ligado con las mafias en las cárceles” y que “siempre está detrás de las alteraciones del orden prlblico en las cárceles”.


En ella afirman que el viaje del director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) asistió primer foro regional sobre la prevención de la tortura “Prevenir Ia tortura: una responsabilidad compartida”, que tuvo lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en la sede del Parlamento Latinoamericano. Dicha actividad contó con el auspicio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Tenia como objetivo promover una mayor cooperación en materia de prevención de la tortura a nivel nacional, regional e internacional, en aras de fortalecer los procesos nacionales de implementación del OPCAT y la puesta en marcha de mecanismos nacionales de prevención de la tortura. El Estado venezolano firmó este tratado en 2011, sin embargo, hasta la presente fecha, aún no lo ha ratificado.


http://issuu.com/proveaderechos/docs/carta_abierta_sr._humberto_prado_ov?e=2504280/9755311

jueves, 22 de agosto de 2013

Homofobia como arma política










JUANCARLOS VARGAS |  EL UNIVERSAL
jueves 22 de agosto de 2013  12:00 AM

La homofobia roja se ha instaurado en nuestro país como nueva arma de persecución del régimen, el cual ahora busca mediante ataques abusivos a la vida privada de adversarios políticos, crear una matriz con el propósito de eliminar la disidencia. Esto no sólo en violación de la Constitución de 1999 sino también en detrimento de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.  


El reciente episodio de homofobia roja que tuvo como epicentro la sede de la Asamblea Nacional, y como principal protagonista a dos diputados que integran la fracción parlamentaria del oficialismo, quienes so pretexto de combatir la corrupción, recurrieron a una práctica común dentro de los regímenes autoritarios, que se apartan de la observancia del Estado de derecho y del cumplimiento de los derechos humanos, que no es otra que tratar de destruir moralmente a los adversarios políticos a través de ataques abusivos mediante el uso de información que forma parte de sus vidas privadas. El recurrir a información obtenida mediante grabaciones ilegales, allanamientos con claro móvil político e incluso recurrir a los  montajes o a las denominadas "ollas", con el propósito de minar el honor y la reputación de los adversarios, es despreciable en cualquier circunstancia, pero  debe causar aún más alarma cuando intenta generar una matriz homofóbica.   



Este tipo de prácticas discriminatorias basadas en la orientación sexual constituyen un retroceso para el Estado venezolano, el cual a pesar de tener una Constitución progresista en materia de derechos humanos, se suma a Estados que como Rusia e Irán propician desde sus propias instituciones la violencia y el odio contra las lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex, comunidad que internacionalmente se identifica utilizando el acrónimo de Lgbti.



Con relación a la discriminación por motivos de orientación  sexual y el rol de las instituciones de los Estados, se tiene que el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que "las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad".



Aunado al lamentable episodio protagonizado por los diputados del oficialismo, se ha observado que ante las criticas y rechazo que ha recibido la homofobia roja, altos funcionarios afectos al régimen han pretendido justificar el accionar aludiendo al hecho que si una persona es servidor público está más expuesto que otros ciudadanos, lo cual es aplicable a materia de libertad de expresión y opinión, pero no en materia de orientación sexual, al punto que la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que la autonomía sexual forma parte integral de la vida privada, lo que es en términos generales, la forma "en que los seres humanos luchan por autorealizarse mediante acciones que no interfieran en la libertad de otros".
@jeisakuvargas

juancarloseisaku@gmail.com

jueves, 15 de agosto de 2013

Comunicado frente a los discursos hetero homófobos que se pronunciaron el día de ayer en la sesión del parlamento venezolano:


Fuente: www.venezueladiversaac.blogspot.com

Venezuela Diversa Asociación Civil, hace de conocimiento público su posición frente a los discursos pronunciados por las y los legisladoras/es en la sesión realizada el día 13/08/2013 en el parlamento venezolano relacionado con los actos de corrupción. 

TOMANDO EN CUENTA: que la corrupción protagonizada por muchas/os funcionarias/os del sector público y personas del sector privado que a lo largo de la historia democrática de nuestro país han generado  una oprobiosa deuda social, que en el marco de la Constitución Bolivariana de  Venezuela debe ser sanada para detener la desmoralización de la vida pública nacional que arrastra instituciones públicas y privadas, corrompe conciencias, debilita la convivencia en un Estado democrático de justicia social y de derecho.

APOYAMOS, el combate contra la corrupción, así como la aplicación de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar todos los actos de corrupción y criminalidad en el ejercicio de las funciones públicas,  en condiciones de equidad e igualdad ante la ley para todas/os las/os funcionarias/os públicos que pudieran estar involucradas/os en dichos actos, sin distinción de afiliación política/partidista, posición económica, así como la necesidad de salvaguardar la integridad de estas/os en la aplicación de la justicia y fomentar  entre toda la ciudadanía una cultura de rechazo a cualquier forma de corrupción.

SIN EMBARGO nos manifestamos profundamente preocupados por la manera  como se estimula la violencia de unos contra otros, la utilización de descripciones cargados de odio y agresividad basados en la filiación ideológica/partidista, la orientación sexual o identidad de género real o percibida de las personas, como argumento discursivo frente a la opinión pública para sustentar la lucha que llevan a cabo algunas/os funcionarias/os del Estado contra el flagelo de la corrupción en nuestro país.

RECORDAMOS a propósito de la mención de la “sexodiversidad”, “homofobia”, “apoyo a las causas sexodiversas”…en caluroso debate de la sesión de ayer de la Asamblea Nacional que este poder público mantiene una enorme deuda legislativa en temas vinculados a los Derechos Humanos de las personas sexodiversas (LGBTI), y que ambas bancadas políticas no han sido del todo eficientes, coherentes y diligentes en legislar, proponer enmiendas y reformas legales para condenar el estigma y discriminación en razón de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, el derecho a la identidad para las personas Transgéneros y Transexuales, derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo (Matrimonio Igualitario) entre otros muchos más… vinculados a los derechos sexuales y derechos reproductivos que también son derechos humanos, como pretenden serlo con lo relacionado a la corrupción.

REAFIRMAMOS que la bandera de lucha de los sectores LGBTI debe ser alzada solidariamente para promover, reivindicar e impulsar la igualdad de derechos, la justicia e inclusión social de cada persona LGBTI, no es para cubrirse y escalar peldaños en la escena política-partidista, para atacar al contrincante, para ser enarbolada como panfleto político por las/os funcionarias/os públicos para mantenerse en el poder o ganar el apoyo de nuestra comunidad. Es hora de actuar con coherencia si realmente se cree que las exigencias de los sectores LGBTI también deben formar parte de la agenda política nacional por estar vinculadas al respeto de los derechos humanos.

INSTAMOS a las/os funcionarias/os públicos, partidos políticos de todos las corrientes y a sus dirigentes a dar ejemplo de madurez política,  a mantener un discurso político de altura, hacer uso de un lenguaje respetuoso frente a las libertades individuales de cada persona, ajustar sus actuaciones y posiciones a los valores humanistas, principios éticos propios de una sociedad democrática de justicia social y de derecho, con equidad y sin discriminaciones, para avanzar en construcción de una sociedad más justa, para dar respuesta a las diferentes problemáticas que recaen sobre nuestro pueblo, con su a fin de saldar la deuda social aun pendiente.

Caracas, 14 de agosto de 2013, confiamos en que se le dará a este tema la atención que merece.

Yonatan Matheus.
Director General de Venezuela Diversa A.C.
Twitter: @venediver

miércoles, 14 de agosto de 2013

Transparencia: Lucha anticorrupción no requiere de poderes especiales


OCARINA ESPINOZA |  EL UNIVERSAL
martes 13 de agosto de 2013  02:08 PM

Caracas.- La directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, indicó que no hace falta modificar leyes para poder iniciar una efectiva lucha contra la corrupción. Sostiene que si el Ejecutivo tiene la voluntad política de hacerlo puede lograrlo sin decreto de emergencia ni poderes especiales para Nicolás Maduro.

Transparencia Venezuela es el capítulo nacional de Transpareencia Internacional, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción.

"Hasta ahora lo que hemos visto son declaraciones emotivas, poco claras y ejecutivas de lo que debe ser la lucha anticorrupción, los gritos altisonantes no traen consigo una acción contundente de las tareas que se saben se tienen que emprender", apuntó en entrevista con El Universal.

Son tres los aspectos que De Freitas señala como las grandes tareas pendientes que tiene el Ejecutivo para comenzar un efectivo ataque a la corrupción en el país: abrir la información oficial sobre contrataciones y manejo del Estado por parte de funcionarios públicos, fortalecer la independencia y entregar recursos al poder judicial y contralor del país, dejar de utilizar el dinero del Estado para fines electorales.

En relación con abrir la información oficial, la directora de esta asociación civil  explica que la decisión está en manos del Ejecutivo y no de la Asamblea Nacional porque no existe ley que prohiba entregar las memorias y cuentas y hacerlas públicas a todo nivel. 

Lo primero es que los venezolanos tengan acceso sobre los ingresos y egresos del Estado: "qué se hace con el Fondo Chino, qué se hace con el Fonden, cómo contratan a los funcionarios, a quienes asignan los beneficios sociales, llámese Misión Vivienda, Madres del Barrio, dónde está el dinero de los beneficios de las empresas públicas, cuál es realidad de las empresas de Guayana".

"La tarea de abrir la información es gigante, puede pero puede comenzarse ya y para eso no hace falta ninguna reforma, el artículo 51 de la Constitución establece que eso es lo que hay que hacer", afirmó la especialista en lucha anticorrupción.

Recuerda De Freitas que la Convención Interamericana contra la Corrupción, recomendó ya desde 2004 al gobierno venezolano publicar las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos y eso no ha sido posible por falta de voluntad política e intereses particulares.

"Que publiquen la declaración de intereses de todos los funcionarios públicos y poder hacer seguimiento inclusive a testaferros", dijo.

Fortalecer la contraloría y el sistema judicial

Para Transparencia, darle poder autónomo al sistema de contraloría y de justicia sobre la administración pública, es otra de las acciones inmediatas que se deben asumir desde el Ejecutivo.

"No es posible que el Presidente crea que porque él tenga más poder, el sistema judicial va a actuar mejor, cuando se sabe que para dar la lucha a la impunidad se necesita que haya jueces formales, titulares y formados y sabemos que un porcentaje inmenso es provisorio y pueden ser removidos a discreción", declaró Freitas.

Insistió en que los jueces necesariamente tienen que ser probos e independientes, no elegidos por un partido político. "Los jueces dependen ahora de quién los nombró que en la mayoría de los casos son cercanos al poder, se lo debe al poder en algunos casos y no a un concurso por credenciales".

Por otro lado, destaca que el poder judicial y contralor necesita recursos y tecnología. "Hay que invertir recursos, cada año se le asignan menos recursos. La contraloría pide 800 millones y cada año le dan 300 mil o 200 mil".

Indicó que la Contraloría, en su más reciente informe de gestión, no menciona ni una sola vez a la Gran Misión Vivienda Venezuela. "A pesar de que se ha gastado en los últimos dos años 26 mil millones de bolívares y para este año tienen previsto gastar 38 mil millones de bolívares", ejemplificó Freitas.

Bienes públicos no son para campaña

No utilizar los bienes públicos para campaña política es la otra "deuda". Freitas señala que el gobierno no puede decir que quiere poderes especiales para luchar contra la corrupción cuando hace dos días hizo una cadena para hacer campaña política con los candidatos a las elecciones municipales. "Eso es una contradicción, eso es un engaño, no podemos seguir creyendo en frases".

Recordó que Nicolás Maduro el año pasado fue el vicepresidente de la República y esa cartera fue una de las que no presentó Memoria y Cuenta del año 2012. "Que empiece entonces, que diga si la lucha contra la corrupción requiere que el Ejecutivo tenga más poderes o sí se requiere es independencia de los poderes".

Señala asimismo la directora de Transparencia Venezuela que el Ejecutivo Nacional maneja directamente 75% del presupuesto nacional y a eso se le suman todos los fondos paralelos que no pasan por Banco Central de Venezuela, por la Ley de Ingresos Extraordinarios. "Son cifras gigantes, este año se presupuestó con el barril a 54 dólares y ha estado en promedio por encima de los 100 dólares", acotó.

Transparencia Venezuela ha enviado a la vicepresidencia de la República, a la presidencia de la AN, del CNE  y el Poder Ciudadano una solicitud de reunión para presentar el "Plan de Gobierno Anticorrupción", que contiene 99 políticas públicas que, según los expertos en la materia, se debe aplicar para dar la pelea a la corrupción. El organismo espera por la aceptación de la convocatoria al gobierno.

Un país corrupto

En los resultados recientes obtenidos por el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, se pudo conocer que el 65 por ciento de los venezolanos encuestados cree que la corrupción se incrementó en el país durante los últimos dos años.

Según ese estudio, la institución percibida en Venezuela como más corrupta es la policía, seguido por los empleados públicos y los partidos políticos.