Un diálogo sin veedores externos sólo puede servir para mantener el statu quo, para perpetuar la asimetría existente y su concomitante violación de derechos.
Cuando ya van tres semanas, está claro que la estrategia represiva del gobierno venezolano es selectiva, quirúrgica dirían algunos: evitar la matanza indiscriminada, por ahora al menos, buscando controlar la revuelta por medio de un efecto disuasivo. Que sean la fatiga y el miedo los que vacíen las calles. De ahí que los muertos sean 14 y no 140 ó 1.400. Por ello, “el que se cansa pierde” retrata cabalmente lo que está en juego para la oposición.
Venezuela no es Siria, por cierto, y tampoco Ucrania. Pero no por eso deja de ser una seria crisis de derechos humanos, plagada de violaciones además agravadas por el desabastecimiento de insumos y alimentos básicos. Así comenzaron a escucharse voces en la comunidad internacional. Primero fue la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando las violaciones, la impunidad de los colectivos armados y llamando a una investigación de los asesinatos. Le siguió el Secretario General, Ban Ki-moon, con un llamado a la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos. El Parlamento Europeo fue aún más allá. En una detallada resolución—que inclusive identifica un patrón de abusos que se remonta al año 2007—concluye recomendando el envío de una delegación para evaluar la situación.
Ese es el meollo de la cuestión. La relativa baja intensidad represiva persigue fundamentalmente evadir la intervención externa. No es casual que a medida que dejamos Europa y la ONU, y nos acercamos a las instancias multilaterales latinoamericanas—Celac, Unasur, Mercosur y la propia OEA, todos instrumentos de la petrodiplomacia venezolana—los argumentos vayan en esa dirección: impedir la intervención, o sea, mantener el conflicto fuera del radar de la comunidad internacional.