El pasado 11 de marzo de 2013, el
Presidente Encargado de la República, Sr. Nicolás Maduro, anunció que se creará
un “Cuerpo Especial Anticorrupción”, el cual tendría entre sus principales
atribuciones: Perseguir, encarcelar e investigar a quienes cometan actos de
corrupción, independientemente que se trate de funcionarios públicos o personas
privadas. Asimismo, anunció que los funcionarios públicos que incurran en
hechos de corrupción cometerían el delito de traición a la patria.
Son bien recibidas las iniciativas
en materia de lucha contra la corrupción que se decidan implementar en
Venezuela, pero se estima que antes de crear un “Cuerpo Especial Anticorrupción”, se debería:
i) proceder con urgencia al nombramiento del Contralor General de la República,
debido a que han transcurrido aproximadamente dos años desde la desaparición
física del Contralor designado por la Asamblea Nacional, lapso éste durante el
cual ha venido ejerciendo dicho cargo la Sub-contralora, en calidad de
encargada; ii) dictar decisiones en los procedimientos que cursan contra funcionarios
del actual gobierno; iii) para dar un verdadero ejemplo en la lucha contra la
corrupción se requiere la imparcialidad absoluta, a la hora de adoptar
decisiones por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio
Público y/o los tribunales; y iv) aprobar la Reforma Parcial de la Ley Contra
la Corrupción.
De conformidad con lo antes
expuesto, y con el propósito de evitar la creación de un nuevo organismo a
todas luces innecesario, ya que solaparía en sus funciones a órganos con las
competencias que se le pretenden atribuir, se incrementaría el gasto público
para satisfacer más burocracia, y además se corre el riesgo que debido al amplio
mandato que se ha anunciado que tendría este “Cuerpo Especial
Anticorrupción” se podrían violentar disposiciones constitucionales como la
garantía al debido proceso, la cual también está consagrada en tratados
internacionales suscritos y ratificados por la República como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
El Presidente Encargado ha señalado que “la corrupción es traición a
Chávez, a la patria y al pueblo”, estos señalamientos deben ser tomados en
consideración porque ha sido una tendencia del régimen recurrir al terrorismo
judicial, acusando de haber cometido actos de corrupción a opositores e incluso
a los denominados “salta-talanquera”, es decir aquellos quienes en el pasado
estuvieron comprometidos políticamente con el régimen y han decidido unirse a
las filas de la oposición, mientras que los procedimientos que tienen abiertos
en su contra los funcionarios vinculados gobierno se quedan engavetados y/o son
silenciados.
El verdadero ejemplo y la
verdadera lucha contra la corrupción pasa por implementar las leyes y mecanismos
existentes. La lucha no debe ser un pretexto para crear cuerpos represivos e
inquisitivos y menos aún para propiciar la violación de derechos humanos.
