Son 100 las personas en huelga de hambre

HERNAN LUGO GALICIA I EL NACIONAL

13 de junio de 2013

La cifra de personas en huelga de hambre aumentó ayer a 100, luego que en la iglesia Guadalupe, en Las Mercedes, se sumaron 9 jóvenes. En total, hay una centena en todo el país y en el exterior, según datos de la organización JAVU.

Los huelguistas están distribuidos en 12 estados del país más uno en Nueva York, informó el legislador de Carabobo Julio César Rivas, sobre el reporte de las 11:00 am.

Mella la salud. De las 22 personas que están en Las Mercedes, 5 entraron en “etapa crítica” porque sus cuerpos comienzan a cobrarles la falta de alimentos. Rivas, por ejemplo, perdió 7,5 kilos, señalan exámenes de Salud-Baruta.

La cantidad de afectados sería mayor si se cuenta a otros tres presos políticos que están en las cárceles: Leopoldo López, Alexander Tirado, Raúl Baduel y Daniel Ceballos –que abandonó el ayuno-, más tres jóvenes en la Universidad del Zulia (Yorman Barillas, Rafael Altamar y José Barboza, quienes están el huelga desde el lunes, y presentan crisis hipertensivas y alteraciones a de la, de acuerdo con reportes de la FCU-LUZ).

“Por el movimiento estudiantil zuliano protestan siete jóvenes, quienes, a pesar de los dolores estomacales y malestar físico, seguirán comprometidos con la reconstrucción de la patria. Hacemos responsables al presidente Nicolás Maduro y a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, por lo que pueda pasarles a los muchachos”, expresó Yorman Barillas, presidente de FCU-LUZ, quien instó al Consejo Nacional Electoral a fijar la fecha de las elecciones parlamentarias e invitó a una marcha hoy en apoyo a Manuel Rosales. José Barboza, coordinador del Centro de Estudiante de Ciencias Políticas de LUZ y quien llevan más de 100 horas en ayuna, dijo sentirse débil.

Defensoría media. A Julio César Rivas lo llevaron el miércoles a la Defensoría del Pueblo, atendiendo una solicitud de Tareck William Saab, defensor del pueblo, pero fueron recibidos por el defensor adjunto, por lo que junto con los dirigente de JAVU que lo acompañaban se retiró.

Luego la defensora del Pueblo-Caracas, Jannely Ramírez fue adonde están los huelguistas, conversó con ellos y se logró que les practicaran exámenes médicos. Ramírez preguntó si estarían dispuestos a levantar la huelga y por quién lo harían. La respuesta fue que 19 estudiantes abandonarían el ayuno por cuestiones humanitarias, aunque luego le aclararon que desean la libertad de los 77 presos políticos.

La Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares a favor de cinco presos, debido al delicado estado de salud que presentan. Saab acudió a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para que oficiara a los tribunales que llevan las causas. Se trata de Andrés León, estudiante detenido en Carabobo, porque padece de problemas en la cervical, y otros dos casos: María Magalis Contreras (57 años de edad), con un cuadro renal; y José Gámez (58 años) con antecedentes de ACV e infarto.

“La Defensoría actuó por razones humanitarias como lo hizo con Antonio Ledezma, Pablo Estrada, Marcelo Crovato y Christian Holdack, porque tenía cuadros de salud complicados. Los familiares presentaron los exámenes y luego de verificar la situación resolvimos lo que corresponde por ley: velar por los derechos humanos”, dijo Saab, quien se reservó el nombre de los otros dos.

"Los patrones" sobre detenciones arbitrarias en Venezuela

Por  Gonzalo Himiob Santomé  /marzo 31, 2014 12:56 pm

Fuente: http://www.lapatilla.com

Ya antes he tratado de hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos del gobierno y de tratar de comprender, que no avalar, desde su perspectiva, cuál es el sentido de sus acciones. A final de cuentas, si de luchas hablamos, todas comienzan por conocer al opuesto. En los últimos dos meses, vista la brutal represión que se ha dado en nuestro país contra todo aquel que proteste contra las erradas políticas de Maduro a todo nivel, he tratado con ahínco de “ponerme en el lugar del otro”, no para justificar –eso es imposible- pero sí al menos para entender, hacia dónde se dirige y cuáles son los objetivos finales de tanta barbarie.

A estas alturas, y vistos los claros y reiterados patrones que se constatan en la desmedida actuación del poder cuando lidia con manifestantes que son criminalizados, no creo que haya quien pueda negar, salvo que sea preso de un inmenso cinismo, que la represión que se padece responde a una planificación minuciosa que impone unos lineamientos precisos, todos dirigidos a dos cosas: Por una parte, crear una “narrativa” oficial, completamente alejada de lo que en verdad ocurre, en la que los “culpables” de toda la violencia y del caos son los opositores, que en consecuencia son “delincuentes”; mientras que las instituciones, los cuerpos de seguridad y los civiles armados que actúan violentamente contra otros ciudadanos al amparo del poder, no son más que “víctimas heroicas” de todo lo que acontece. Por la otra, se busca generar miedo, mucho miedo, en quienes se atrevan a alzar la voz contra cualquier desafuero del gobierno.

¿Cuáles son estos patrones de que les hablo? Son varios, por razones de espacio voy a esbozar algunos brevemente. En primer término, cuando se produce cualquier manifestación contra el gobierno, sea pacífica o no (esto no parece ser del interés de los cuerpos de seguridad, que desbocan su fuerza contra cualquier expresión disidente) se activan mecanismos policiales y militares que en cada una de las detenciones que nos ha tocado manejar o monitorear (hasta el momento de la redacción de esta columna, eran 1943 a nivel nacional, reportadas al Foro Penal Venezolano) involucran excesos en el uso de la fuerza. Éstos van desde el abuso de la fuerza física, incluso contra manifestantes ya sometidos, hasta el uso de armas de fuego, de sustancias tóxicas y de otros medios ilegales y prohibidos por la Constitución para la dispersión de las manifestaciones.

Defensora del Pueblo al descubierto

ZULMAIRE GONZÁLEZ |  EL UNIVERSAL

sábado 22 de marzo de 2014  12:00 AM

Es muy lamentable que la institución destinada a la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos haya sido objeto  de atención durante los últimos días tanto en los medios de comunicación nacionales e internacionales como en las redes sociales y no precisamente por su labor en materia de defensa de DDHH durante la crisis que actualmente vive Venezuela sino por el silencio, omisión, complicidad y manipulación de quien dirige en estos momentos a dicha institución.

Si la Defensoría del Pueblo obtuvo certificación clase A del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) ello no significa que la Defensora,  sus directores, defensores regionales y cada uno de los funcionarios que laboran en esa institución estén cumpliendo con garantizar derechos humanos en el país, tampoco esa acreditación la obtuvo la Defensoría por sus acciones tendentes a evitar que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Guardia del Pueblo, y Policía Nacional cesen el uso desproporcionado de la fuerza y el empleo de armas de fuego contra jóvenes estudiantes, ni para que finalicen las torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias. Hay que tener claro que esa acreditación no convierte ni convertirán de la noche a la mañana a la Defensoría del Pueblo en una institución imparcial, independiente y autónoma.

La fuerza en la Defensa de los DDHH, los medios y sus tiempos

Firma invitada: José Félix Rodríguez

Sin el ánimo de propiciar un ataque retaliativo, ofensivo ni mucho menos personal o que fomente el odio,  sino por el contrario reflexivo sobre la urgente necesidad de revisarnos todos los venezolanos y en especial quienes ejercen potestades públicas, expongo de manera abierta pero contundente que resulta inaceptable que bajo el amparo de lo que hoy han mal llamado la “institucionalidad democrática” se muestre como válida cualquier interpretación que pretenda diferenciar la tortura y uso excesivo de la fuerza como un matiz o atenuación cuando en cualquier caso ambas atentan contra los derechos humanos.

Por supuesto que la Defensoría del Pueblo en ejercicio de sus competencias, no le corresponde constituirse en juez de los hechos, más sí es su deber por su investidura moral repudiar las conductas (acciones u omisiones) que atenten contra los derechos humanos y su deber es investigar –de oficio- a fondo así como instar (exigencia) al Ministerio Público que haga lo propio, e inclusive de ser necesario presentar paralelamente con la Fiscalía su propia la querella penal contra cuerpos de seguridad, pues el COPP le ha dotado de esa función (art. 123), competencia además que nunca se ha ejercido;  así como exigir las reparaciones que fueran conducentes de ser el caso.

Es inadmisible, tener una respuesta blanda como la que vimos en declaraciones de la titular de la Defensoría del Pueblo, más allá del evidente error oratorio, pues a mi entender sería absurdo pensar que alguien pueda dar algún matiz de legalidad a la tortura. 

La presentación del informe “Febrero: Un Golpe a la Paz” es un salto atrás en la defensa de los derechos humanos, pues prácticas policiales como las de la GNB y policías usando objetos contundes para inmovilizar a un ciudadano en proporción de 4 a 1, el propinar “cachazos”, disparar hacia los edificios, entre otras, sin duda ponen en evidencia al menos la falta de protocolos coherentes de actuación de los cuerpos de seguridad y el desconocimiento absoluto de sus agentes de lo que constituye un derecho humano, y en el caso especial de la PBN echa por tierra los supuestos “logros” de la Universidad de la Seguridad al ver como se sigue formando a un policía de alma violenta y agresora.

Desmoraliza a quienes han ejercido labores defensoriales más allá de sus preferencias políticas ideológicas, como se trata de atenuar la gravedad de conductas que acaban con los derechos humanos, tratando de diferenciar inútilmente el uso excesivo de la fuerza y la tortura, cuando ambos caben en el campo de las prácticas policiales inadecuadas y la violación de derechos humanos, más allá del tecnicismo de la tipología, o si se trata de una violación individual o una práctica sistemática, dado que en todos se debe actuar y condenar con la misma fuerza sin miramiento de cual es menos o más grave.

Asdrúbal Aguiar: "El elemento esencial de la democracia ha cedido"

  EL UNIVERSAL

  Jueves 6 de marzo de 2014  12:00 AM

REYES THEIS , ASDRÚBAL AGUIAR , EXMAGISTRADO DE LA CORTE IDH |

"Se aplican medidas de coacción (en la OEA) cuando las gestiones de mediación fracasan", explica el exmagistrado.

El exmagistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Asdrúbal Aguiar prevé que aunque hay elementos para activar la Carta Democrática Interamericana, en el Consejo Permanente de hoy no se aprobarán medidas de coacción contra Venezuela, sino se propondrá una mediación diplomática.

-¿Qué elementos está violando Venezuela de la Carta Interamericana?

-El 12 de febrero y días posteriores, frente a unas manifestaciones mostró su mejor cara una política de Estado orientada a la represión de la población civil por razones de discriminación política que tiene carácter generalizado y sistemático y ha producido asesinatos, heridas y torturas. Eso es un crimen de lesa humanidad. El elemento esencial de la democracia que implica el respeto y la garantía de los derechos humanos ha cedido en el caso venezolano. Hay un segundo hecho, que probablemente no se va a discutir y es que el acceso al poder debe ser conforme al estado de derecho. ¿Qué ocurrió en el curso del último año? Maduro asume como encargado violentando la Constitución, fue vicepresidente con una prohibición constitucional de ser candidato y lo escogen candidato, luego va a las elecciones y se compromete con una auditoría consensuada con la oposición que no se da. El otro elemento es la falta de libertad de prensa y expresión como elemento sustancial. Por último, la separación e independencia de poderes públicos, al respecto es evidente la militancia política de la fiscal general, el TSJ y de la Defensoría del pueblo.

-¿A qué obedece la convocatoria del Consejo? 

-En casos que hay alteraciones del ordenamiento constitucional que afecta al orden democrático, le corresponde al secretario general pedir la convocatoria del Consejo Permanente para una apreciación colectiva de la situación y tomar decisiones que se consideren pertinentes, pero no lo hizo el secretario general y lo acaba de hacer Panamá. Venezuela ha tratado de frenar el debate.

CIVILIS AC: Informe sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de manifestaciones pacíficas en Venezuela, febrero 2014

Fuente: www.provea.org.ve

La organización Civilis Derechos Humanos, elaboró un informe en el que describen las principales violaciones al derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación pacíficas en Venezuela, en el marco de las protestas realizadas en febrero de 2014.

El informe destaca el “fuerte contexto represivo expresado en una conducta de extrema intolerancia, criminalización y empleo abusivo de las fuerzas del Estado contra manifestaciones pacíficas, líderes de partidos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas, identificados en muchos casos como objetivos de guerra con base en supuestos intentos de golpe de estado dirigidos desde países extranjeros”, que ha existido en el país desde que se iniciaron las manifestaciones de calle a principios del mes de febrero.

El equipo de Civilis señala que a la actitud represiva e intolerante del Estado frente a las protestas, se suma ahora la fuerte censura impuesta a los mediois comunicación independientes y con los constantes “llamados a la “paz” y al “diálogo” emitidos por el Ejecutivo Nacional, que no se compadecen con los excesos y prácticas represivas en varias ciudades del país”.

Organizaciones sociales y de DDHH de Venezuela difunden acción urgente ante situación del país

ACCIÓN URGENTE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

24 de febrero de 2014 Por: Organizaciones Sociales y de DDHH

Organizaciones del Foro por la Vida, junto a otras organizaciones venezolanas, ante las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, ante el agravamiento de la situación venezolana derivada de la violencia, desinformación, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el mes de febrero de 2014, hacemos un llamado de acción urgente para contribuir a la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la paz en Venezuela.

Los hechos ocurridos en Venezuela muestran el deterioro de la institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en las diversidad de posiciones políticas que existen en Venezuela. Frente a esta situación es muy importante que diversos sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones a los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación independiente, pidan el cese a la represión y promuevan un diálogo genuino.

Human Rights Watch: Informe Mundial 2014: Venezuela

Fuente: www.hrw.org

Eventos de 2013

En la elección presidencial de abril de 2013, celebrada a pocas semanas de la muerte del ex Presidente Hugo Chávez, resultó vencedor por una estrecha diferencia Nicolás Maduro, el candidato elegido personalmente por Chávez como su sucesor, según datos de las autoridades electorales venezolanas. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral rechazaron las apelaciones presentadas por el candidato de oposición, Henrique Capriles Radonski, en las cuales impugnaba los resultados. La controversia por los resultados provocó una serie de marchas y contramarchas en las calles del país, durante las cuales perdieron la vida al menos nueve personas y hubo decenas de heridos, además de incidentes de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.

Durante el gobierno del Presidente Chávez, y del actual Presidente Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos. Si bien aún son muchos los venezolanos que critican al gobierno, la posibilidad de enfrentar represalias —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha socavado la capacidad de los jueces de pronunciarse imparcialmente en casos con fuertes implicancias políticas, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las posibles consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno.

Critican silencio de Defensora ante salida de la Corte IDH

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL

jueves 16 de enero de 2014  12:00 AM

"El que calla otorga". El silencio que la Defensoría del Pueblo guardó frente al retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fue bien visto en la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues allí consideran que con esta posición el despacho dirigido por Gabriel Ramírez avaló una decisión a la que ha debido oponerse.

"El silencio de la Defensoría en la retirada del país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (instrumento que creó el tribunal internacional) es incompatible con la obligación de toda Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de promover la ratificación de los tratados de Derechos Humanos", afirmó el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Lo Que Pretende Correa con la Reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por: Juancarlos Vargas

Actualmente se lleva a cabo en Washington, D.C. el Cuadragésimo Cuarto Período de Sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) foro en el que se discutirá la propuesta de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que impulsa Ecuador. Esta propuesta de alto contenido político busca limitar la autonomía del organismo de promoción y protección de derechos humanos, a través del condicionamiento de las contribuciones económicas que realizan los estados. El propósito es debilitar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el cual resulta cada vez más incomodo para la mayoría de los Estados ALBA.

Es precisamente con relación a los Estados ALBA que la CIDH ha venido llamando la atención por el aumento del número de casos de violaciones de derechos humanos, debilitamiento del principio de división de poderes, aumento de persecución política, no cumplimiento de decisiones dictadas por la CIDH, y cercenamiento del derecho a la libertad de expresión y opinión.

Entre las propuestas que se discuten está que los derechos humanos sean plenamente promocionados y garantizados por los Estados a través de sus instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, lo cual ya es una obligación de esas instituciones (defensorías, procuradurías y comisiones nacionales de derechos humanos, entre otras), esas instituciones están cuestionadas por falta de imparcialidad que deriva de la identificación ideológica de quienes la dirigen, ejemplo de esto, es el caso de la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Asimismo, el pretender que la CIDH no tenga ningún rol sobre este particular atenta contra el propósito de este órgano de control, pues la Comisión Interamericana es subsidiaria y complementaria y debe actuar cuando los Estados Partes de la OEA asumen conductas que se traducen en violación, bien por acción como por omisión de alguno de los derechos humanos consagrados no sólo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino también en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos el Hombre.

Se señala que el Sistema Interamericano de Protección debe ser universal, deducimos que se refieren a que los Estados miembros de la CIDH deber ser Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual demuestra algo de desconocimiento de parte de los autores de la propuesta sobre aspectos básicos en materia de organizaciones internacionales. Sobre el particular, hay que recordar que la Comsión Interamericana de Derechos Humanos es una organización internacional, y por ende tiene personalidad jurídica conforme al derecho internacional público. Las organizaciones internacionales son universales o regionales, es claro que la CIDH es y seguirá siendo regional porque sólo pueden ser parte de ella los Estados miembros de la OEA. Otra cosa distinta es que se pretenda imponer como condición para ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto tiene un claro contenido anti norteamericano, pues Estados Unidos de América no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no por ello escapa del control de la CIDH, pues se debe recordar a Ecuador, Bolivia, Venezuela y a los demás Estados que impulsan esta parte de la propuesta, que todos y cada uno de los Estados Partes de la OEA deben cumplir con los derechos humanos contemplados en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la cual si bien no es un tratado internacional, desarrolla y amplía las obligaciones asumidas por los Estados al obligarse a cumplir la Carta de la Organización de Estados Americanos, lo cual se traduce en que todo Estado parte de la OEA debe cumplir la Declaración Americana, estando facultada la CIDH para conocer de casos por la violación de dicha declaración. Por lo que si un Estado Parte de la Organización de Estados Americanos no desea seguir estando sometido a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá dejar de ser parte de la OEA, pues de lo contrario seguirá estando bajo la vigilancia de la CIDH quien en ese supuesto velará por el cumplimiento de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre.

La progresiva deshumanización del actual gobierno venezolano: A propósito de la negativa de las medidas humanitarias a Simonovis

Por: Juancarlos Vargas

El tribunal venezolano que negó en fecha 21 de febrero de 2012 la medida humanitaria al ex comisario Iván Simonovis condenado a treinta años de presidio por el golpe de estado de abril de 2002, reafirmó lo que insistentemente se ha venido señalando en los últimos años, cada vez con mayor énfasis, sobre la inexistencia de división de poderes y la situación de derechos humanos en Venezuela.

Llama la atención que a pesar que Simonovis es considerado por la oposición venezolana  y por sectores de la comunidad internacional como “preso político”, se le negó la medida humanitaria solicitada por sus abogados y se le “decretó prácticamente una pena de muerte” a este ciudadano debido al deterioro físico que padece como consecuencia de haber estado recluido en un calabozo en condiciones que constituyen un trato cruel, humano y/o degradante[1] sin que la institución llamada a velar por la vigencia de los derechos humanos en el país-Defensoría del Pueblo- de conformidad con la Constitución de 1999,[2] haya tomado alguna iniciativa apreciable para cumplir cabalmente con su mandato.

La relación entre la división de poderes y la vigencia de los derechos humanos es imprescindible para evitar el deterioro del estado de derecho, la falta de justicia y la libertad. La inexistencia de esta relación se ha venido haciendo cada vez más evidente en los últimos catorce años. Paradójicamente ha contribuido para ello la creación de esta novedosa institución en Venezuela que tanta expectativa y optimismo e incluso emoción generó entre los jóvenes abogados que contribuyeron a darle vida a lo que parecía ser una utopía que se materializó hasta el año 2002 gracias al trabajo constante, desinteresado y sobre todo no sujeto a las directrices ideologías derivadas del Poder Ejecutivo.

Cabe destacar que en el año 2002, cuando el entonces Defensor asumió una conducta omisiva apartándose del mandato constitucional, advertí con otros ex Directores de la Defensoría del Pueblo, como integrantes de la ONG Veedores de los Derechos Ciudadanos, con preocupación esta situación, por lo que se denunció ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la politización de esa institución. Esta ONG insistió en que un número importante de funcionarios de la Defensoría del Pueblo estaban ideológicamente vinculados con el partido de gobierno, lo cual llevó a que fuesen desestimadas nuestras denuncias y catalogados de golpistas.

En la actualidad, la situación antes descrita se ha acentuado, pues ya no se trata de un número importante de funcionarios ideológicamente vinculados al régimen sino que todos los funcionarios y empleados son obligados por la actual Defensora del Pueblo a seguir las líneas ideológicas del gobierno.

Once años después de la denuncia presentada por los Veedores de los Derechos Ciudadanos, es posible apreciar que la Defensoría del Pueblo, no solo no ha cumplido con su mandato, sino que por el contrario ha contribuido a violar derechos humanos con su constante conducta pasiva y omisiva.

El caso Simonovis, la persecución, tortura y encarcelamiento injustificados en que ha sido objeto la jueza Afiuni, el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), las multas contra Globovisión, las constantes persecuciones y violaciones al debido proceso de las que han sido objeto muchos de quienes son políticamente contrarios al régimen chavista, la impunidad con que actúan los delincuentes, han logrado que al ciudadano común en particular y en general a la sociedad venezolana se le haya olvidado que existe la Defensoría del Pueblo, la cual se ha convertido en una herramienta más del chavismo para aparentar ante la comunidad internacional que en Venezuela existe una democracia y se respetan los derechos humanos. Asimismo, se defiende la tesis que no hay perseguidos políticos, cuando está claro que se persigue para crear una sensación de temor y de miedo cuyo fin último es amordazar a la sociedad venezolana. Muestra de ello son las “cruzadas” por supuestos hechos contra la corrupción que se han iniciado en la última semana contra integrantes de la oposición, como el ex alcalde Leopoldo López, quien deberá comparecer a la fiscalía en calidad de imputado el próximo 28 de febrero. Este hecho incorpora una novedad pues ya no se persigue únicamente al político opositor sino que se empieza a jugar con elementos psicológicos al imputar también a la señora madre de López que en el mes entrante deberá comparecer a la fiscalía también en calidad de imputada.  

Todo lo narrado ocurre en un clima de incertidumbre que contribuye a una falta de reacción contundente por parte de la sociedad venezolana, donde hasta ahora algunos sectores están dispuesto a arriesgarse (estudiantes, sindicalistas y activistas de derechos humanos). Esta situación en ocasiones parece avanzar hacia un estado de inercia en espera de un desenlace, por lo que la falta de reacciones más contundentes, en consecuencia es posible afirmar que el terror y el miedo se ha logrado implantar de manera progresiva y sistemática durante los últimos catorce años.

Hoy en día podemos aseverar que la Defensoría del Pueblo volvió a ser una utopía a pesar del trabajo y esfuerzo de muchos jóvenes comprometidos con la institucionalidad quienes se vieron frustrados ante la prevalencia de la ideología gubernamental.

---

[1] Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Artículo 16 1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(…)

[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada el 24 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 5.453 de la misma fecha. Artículo 280. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos(…)