Revolución de pillos

ZULMAIRE GONZALEZ I La Patilla
26 de marzo de 2015

No es sorpresa, todos lo sabíamos, se sospechaba que muchos millones de dólares estaban en manos corruptas, manos sucias que en nombre de la revolución han robado una cantidad inimaginable de millones de dólares. Estos pilluelos han robado cientos de hospitales, escuelas, autopistas, ferrocarriles, centros penitenciarios a los venezolanos. Todo lo que esta revolución ha dejado de hacer para mejorar la calidad de vida se lo han robado, está en las cuentas personales en dólares y euros que los “revolucionarios” tienen en el exterior.

No solo han sido los millones de dólares que están en un banco de Andorra, también en Madrid, Suiza y pronto, como se desarrollen las investigaciones, sabremos cuales son los bancos favoritos de los truhanes de la revolución, que por más de 15 años se llevan enriqueciendo ilícitamente.

En varias oportunidades he escrito sobre los pillos vinculados al régimen, a quienes se le conoce como boliburgueses y los he definido como la nueva clase social que nació en la revolución, poseen fortunas que no pueden justificar, han apoyado al chavismo-madurismo y por eso les han permitido ocupar altos y medios cargos o ser los contratistas preferidos. Estos boliburgueses carecen de principios como honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad y, por el contrario, la mayoría de sus actuaciones van acompañadas de extorsión, sobornos, enriquecimiento ilícito, opacidad, y nepotismo, todos delitos contra el patrimonio público establecido en la Ley contra la Corrupción.

Gracias a la prensa e investigaciones que sobre el tema se ha realizado en diferentes países, hemos venido conociendo un poco más de estos pillos. Ahora conocemos sus rostros, nombres, fortunas y sus modus operandi que no dista del comportamiento de mafias consolidadas.

Estos funcionarios, contratistas, familiares, militares que han participado en hechos de corrupción y se han beneficiado de ésta, deben saber que tienen una cita con la justica por los delitos contra la nación y delitos trasnacionales que han cometido y están cometiendo. Hoy están amparados por el régimen y su particular forma de hacer justicia, pero una vez se restablezca la democracia en el país seremos muchos los que trabajaremos para que no haya impunidad y se restituya al patrimonio público el dinero ilegalmente desviado para sus fines particulares.

@zulmaire

zulmairegonzalez@gmail.com

Transparencia o nada

ZULMAIRE GONZÁLEZ |  EL UNIVERSAL

sábado 2 de noviembre de 2013  12:00 AM

En las últimas semanas el tema de la corrupción y la promesa firme de atacar el flagelo ha generado interés entre los venezolanos, toda vez que este gobierno ha sido uno de los más corruptos de nuestra historia republicana; hemos sido testigos del enriquecimiento descarado de algunos personeros y allegados al gobierno; se ha creado una nueva clase social denominada boliburguesía; el escándalo de los bolichicos ha sido tan sonoro que incluso el diputado Freddy Bernal pidió una investigación; y está más que demostrado que no es necesario poderes especiales para atacar la corrupción.

Como consecuencia de la corrupción galopante, complicidad, falta de controles, impunidad, pillaje por parte de un sector que han detentado el poder en estos 15 años, el país se encuentra en crisis en materias de salud, infraestructura, educación, alimentación, sistema eléctrico y los que sufren las consecuencias somos los venezolanos. Por ello, siempre hay que aplaudir las iniciativas que en materia de lucha contra la corrupción se implementen en el país, ya que este mal es como un virus que ataca a todos por igual sin importar clase social, edad, ni color político.

Transparencia: Lucha anticorrupción no requiere de poderes especiales

OCARINA ESPINOZA |  EL UNIVERSAL

martes 13 de agosto de 2013  02:08 PM

Caracas.- La directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, indicó que no hace falta modificar leyes para poder iniciar una efectiva lucha contra la corrupción. Sostiene que si el Ejecutivo tiene la voluntad política de hacerlo puede lograrlo sin decreto de emergencia ni poderes especiales para Nicolás Maduro.

Transparencia Venezuela es el capítulo nacional de Transpareencia Internacional, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción.

"Hasta ahora lo que hemos visto son declaraciones emotivas, poco claras y ejecutivas de lo que debe ser la lucha anticorrupción, los gritos altisonantes no traen consigo una acción contundente de las tareas que se saben se tienen que emprender", apuntó en entrevista con El Universal.

Son tres los aspectos que De Freitas señala como las grandes tareas pendientes que tiene el Ejecutivo para comenzar un efectivo ataque a la corrupción en el país: abrir la información oficial sobre contrataciones y manejo del Estado por parte de funcionarios públicos, fortalecer la independencia y entregar recursos al poder judicial y contralor del país, dejar de utilizar el dinero del Estado para fines electorales.

En relación con abrir la información oficial, la directora de esta asociación civil  explica que la decisión está en manos del Ejecutivo y no de la Asamblea Nacional porque no existe ley que prohiba entregar las memorias y cuentas y hacerlas públicas a todo nivel. 

Lo primero es que los venezolanos tengan acceso sobre los ingresos y egresos del Estado: "qué se hace con el Fondo Chino, qué se hace con el Fonden, cómo contratan a los funcionarios, a quienes asignan los beneficios sociales, llámese Misión Vivienda, Madres del Barrio, dónde está el dinero de los beneficios de las empresas públicas, cuál es realidad de las empresas de Guayana".

"La tarea de abrir la información es gigante, puede pero puede comenzarse ya y para eso no hace falta ninguna reforma, el artículo 51 de la Constitución establece que eso es lo que hay que hacer", afirmó la especialista en lucha anticorrupción.

Recuerda De Freitas que la Convención Interamericana contra la Corrupción, recomendó ya desde 2004 al gobierno venezolano publicar las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos y eso no ha sido posible por falta de voluntad política e intereses particulares.

"Que publiquen la declaración de intereses de todos los funcionarios públicos y poder hacer seguimiento inclusive a testaferros", dijo.

Fortalecer la contraloría y el sistema judicial

Para Transparencia, darle poder autónomo al sistema de contraloría y de justicia sobre la administración pública, es otra de las acciones inmediatas que se deben asumir desde el Ejecutivo.

"No es posible que el Presidente crea que porque él tenga más poder, el sistema judicial va a actuar mejor, cuando se sabe que para dar la lucha a la impunidad se necesita que haya jueces formales, titulares y formados y sabemos que un porcentaje inmenso es provisorio y pueden ser removidos a discreción", declaró Freitas.

Insistió en que los jueces necesariamente tienen que ser probos e independientes, no elegidos por un partido político. "Los jueces dependen ahora de quién los nombró que en la mayoría de los casos son cercanos al poder, se lo debe al poder en algunos casos y no a un concurso por credenciales".

Por otro lado, destaca que el poder judicial y contralor necesita recursos y tecnología. "Hay que invertir recursos, cada año se le asignan menos recursos. La contraloría pide 800 millones y cada año le dan 300 mil o 200 mil".

Indicó que la Contraloría, en su más reciente informe de gestión, no menciona ni una sola vez a la Gran Misión Vivienda Venezuela. "A pesar de que se ha gastado en los últimos dos años 26 mil millones de bolívares y para este año tienen previsto gastar 38 mil millones de bolívares", ejemplificó Freitas.

Bienes públicos no son para campaña

No utilizar los bienes públicos para campaña política es la otra "deuda". Freitas señala que el gobierno no puede decir que quiere poderes especiales para luchar contra la corrupción cuando hace dos días hizo una cadena para hacer campaña política con los candidatos a las elecciones municipales. "Eso es una contradicción, eso es un engaño, no podemos seguir creyendo en frases".

Recordó que Nicolás Maduro el año pasado fue el vicepresidente de la República y esa cartera fue una de las que no presentó Memoria y Cuenta del año 2012. "Que empiece entonces, que diga si la lucha contra la corrupción requiere que el Ejecutivo tenga más poderes o sí se requiere es independencia de los poderes".

Señala asimismo la directora de Transparencia Venezuela que el Ejecutivo Nacional maneja directamente 75% del presupuesto nacional y a eso se le suman todos los fondos paralelos que no pasan por Banco Central de Venezuela, por la Ley de Ingresos Extraordinarios. "Son cifras gigantes, este año se presupuestó con el barril a 54 dólares y ha estado en promedio por encima de los 100 dólares", acotó.

Transparencia Venezuela ha enviado a la vicepresidencia de la República, a la presidencia de la AN, del CNE  y el Poder Ciudadano una solicitud de reunión para presentar el "Plan de Gobierno Anticorrupción", que contiene 99 políticas públicas que, según los expertos en la materia, se debe aplicar para dar la pelea a la corrupción. El organismo espera por la aceptación de la convocatoria al gobierno.

Un país corrupto

En los resultados recientes obtenidos por el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, se pudo conocer que el 65 por ciento de los venezolanos encuestados cree que la corrupción se incrementó en el país durante los últimos dos años.

Según ese estudio, la institución percibida en Venezuela como más corrupta es la policía, seguido por los empleados públicos y los partidos políticos. 

¿Y si Maduro es Colombiano?

Por: Juancarlos Vargas// El Universal

Jueves, 27 de junio de 2013

Durante las últimas semanas, medios de comunicación social y varios analistas del ámbito político han venido afirmando que Nicolás Maduro nació en Colombia, específicamente en un barrio de Cúcuta donde habría vivido los primeros 10 años de vida. Luego sus padres se trasladaron a la entonces República de Venezuela donde terminaron de criar aquél niño colombiano, quien por los designios de un caudillo y la complicidad de las instituciones del Estado hoy es presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Si las anteriores afirmaciones son ciertas, Nicolás Maduro no sería venezolano por nacimiento, lo cual es contrario al requisito establecido en el Artículo 41 de la Constitución de 1999, el cual establece que “Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional (…)”.

 De la anterior norma, la cual es clara y no establece excepción alguna, se evidencia que el período que ejerce el actual presidente de Venezuela, el interinato como presidente encargado, su designación como Vicepresidente por Hugo Chávez (2012), y por si fuese poco su gestión como presidente de la Asamblea Nacional (2005-2006) constituyen flagrante violaciones a nuestra Carta Magna. Hechos estos que sumados al fraude electoral del 14A coloca a Nicolás Maduro en una situación de irrefutable ilegitimidad. 

Estamos seguros que todos los venezolanos, independientemente si votaron o no por Maduro, desean que los poderes públicos actúen con la mayor transparencia y de esa manera se nos permita ver la partida de nacimiento original del actual presidente de la República, pues, hasta la fecha las respuestas respecto a este señalamiento no han hecho sino generar más dudas, toda vez que el gobernador Vielma Mora afirmó que Nicolás Maduro nació en el Estado Táchira, mientras que por su parte el propio Maduro indicó que nació en Caracas.

Las mencionadas dudas deben ser aclaradas por el Tribunal Supremo de Justicia, debido a que nos encontraríamos ante un supuesto de nulidad absoluta para el ejercicio de la presidencia.

Por otra parte, llama la atención la omisión de la Fuerza Armada, quien a estas alturas debería haber reaccionado enérgicamente exigiendo una minuciosa investigación, y en caso de comprobarse la veracidad exigir la renuncia de su actual Comandante en Jefe por traición a la patria, pues están en juego nada menos que la soberanía, seguridad y defensa de la Nación.

@jeisakuvargas

juancarloseisaku@gmail.com

Persecución como política de Estado

Por: Zulmaire González // El Universal

Sábado, 01 de junio de 2013

El chavismo sin Chávez comenzó oficialmente el 14 de abril de 2013 con muy mal pie: impugnación de todo el proceso electoral, devaluación, desabastecimiento, alta inflación, mayor índice de inseguridad comparado con el año anterior, problemas económicos, intervención del sistema eléctrico, corrupción, AH1N1, más las divisiones internas en el PSUV. Nada fácil para Nicolás Maduro a quien se encomendó continuar y mantener la llamada revolución bolivariana.

En un país normal y totalmente democrático, donde los gobernantes y los que dirigen las instituciones están avocados a resolver los problemas ciudadanos de forma transparente y con independencia partidista, en este momento se estaría trabajando para generar las políticas públicas que lleven a la solución de los problemas. Pero, lamentablemente, en nuestro país pasa todo lo contrario debido a que la palabra democracia está en entredicho, un número importante de los funcionarios que laboran para el Estado están al servicio de un partido, así como de un proyecto político, esto en la mayoría de los casos con el propósito de aumentar sus respectivos patrimonios personales a costa del dinero que pertenece a todos los venezolanos.

Cuidado con las elecciones municipales

Por: Zulmaire González / El Universal

Sábado 18 de mayo de 2013

Ya se comenzó a hablar de elecciones municipales, Nicolás Maduro el pasado jueves en un encuentro con los militantes del PSUV en Barinas anunció que pronto el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará las elecciones Municipales y solicitó a sus militantes estar unidos para estas nuevas elecciones. Por su parte, Jorge Rodríguez quien ha demostrado su influencia sobre el CNE, manifestó que en las próximas horas el máximo órgano electoral convocará elecciones para elegir a alcaldes y concejales.

Esto indica que pronto el país estará inmerso nuevamente en campaña electoral, donde el peculado de uso y los recursos del Estado se estarán usando para privilegiar a los candidatos del gobierno, sin que el CNE ni la Contraloría General de la República se pronuncien ante tan grotescos actos de corrupción.

Ahora me pregunto, debemos ir en los próximos meses a elecciones municipales? Los venezolanos hemos participado en dos elecciones presidenciales en los últimos 7 meses, realizándose el último comicio electoral el pasado 14 de abril cuyos resultados han sido cuestionados e impugnados.

Los abogados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) impugnaron todo el proceso electoral, es decir, todos los actos previos al día de las elecciones, los realizados durante las elecciones y después del acto electoral. El Tribunal Supremo de Justicia debe decidir sobre el recurso contencioso electoral en los próximos días y la mayoría de los venezolanos esperamos que así suceda, aunque con la poca independencia que han demostrado los poderes públicos, es poco probable que se decida pronto y en base a lo solicitado.

Por otra parte, se ha cuestionado el padrón electoral, por lo que se debe exigir sincerar el padrón electoral actual antes de ir a nuevas elecciones, revisar cada una de las denuncias que se han hecho sobre personas fallecidas que han votado y cédulas que no coinciden, así como también se debe exigir para que exista pluralidad en el órgano electoral la designación de nuevos rectores del CNE para llenar las vacantes de aquellos rectores cuyo período se acaba de vencer y además, los integrantes de la sociedad civil especialistas en el área, deberían participar en auditorías para verificar que las máquinas electorales son 100% confiables en la transmisión de los datos.

En este momento político que vive el país, las elecciones municipales serían muy importantes para el desarrollo de Venezuela, el rol de los alcaldes y concejales es vital para mantener la descentralización y la independencia de las instituciones. Las alcaldías son el primer eslabón de la cadena que conforma el Estado donde los ciudadanos acuden para satisfacer sus necesidades primordiales, es por eso que elegir a unos alcaldes y concejales en elecciones transparentes y libres cobran mayor importancia para el país.

La MUD debería exigir, en nombre de los venezolanos, elecciones auténticas como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, imparcialidad, garantía del voto secreto y pluralidad en los árbitros, de lo contrario,  el Estado estaría violando una vez más derechos humanos.

zulmairegonzalez@gmail.com

@zulmaire

Se desatan los demonios del Chavismo contra los Estudiantes

Por: Juancarlos Vargas

A pocos días para celebrarse las elecciones presidenciales convocadas para llenar la falta absoluta generada por el fallecimiento de Hugo Chávez, se empieza a incrementar la tensión pre-electoral, al punto que un porcentaje importante de venezolanos independientemente de la tendencia política considera que se están jugando el futuro. No son unas elecciones cualquiera, el régimen chavista cuestionado por ineficiente y corrupto tiene mucho que perder, por lo que Maduro y el Alto Mando Político-Militar parecen estar muy cerca de sucumbir ante la tentación autoritaria y represiva, mientras que la oposición democrática liderizada por Capriles lucha en desigualdad de condiciones por el rescate de la instituciones y la reconciliación de país.

Luego de una corta pero intensa campaña electoral que apenas duró 10 días, comienzan a proliferar denuncias de desestabilización por parte de ambos comandos políticos, ello aunado a que los ánimos empiezan a caldearse, lo cual sería normal en elecciones transparentes y en igualdad de condiciones. Preocupan los  hechos de violencia perpetrados durante el día de hoy en Mérida, donde grupos armados integrados por Tupamaros y mercenarios bajo el mando de reconocidos militantes del PSUV han agredido a civiles resultando heridos al menos diez personas.

Estas acciones se constituyen en clara violaciones de derechos humanos por la intervención directa de funcionarios del Estado, así como por ser consecuencia del discurso violento e instigador de altos personeros del gobierno de Nicolás Maduro, quien como jefe de Estado y de Gobierno debe garantizar el derecho a  la protesta pacífica así como el derecho a la integridad personal y a la vida de los ciudadanos venezolanos, de lo contrario se constituiría en un agente de violación de estos derechos, los cuales no solo se violan por acción sino también por omisión.

El gobierno venezolano ha sido negligente al momento de prevenir este tipo de conductas debido a que las ha propiciado mediante acciones como los ataques contra los estudiantes de la Plaza La Castellana, la detención ilegal de un miembro de la Operación Soberanía que se encontraba en huelga de hambre y ataques de motorizados armados contra la población en distintos sectores del país.

Los colectivos bajo el mando de Freddy Bernal y Jorge Rodríguez comienzan a activarse con el objeto de amedrentar a la población y sembrar el terror con el fin último que los venezolanos no salgan a votar. Por su parte, el Presidente de la Asamblea Nacional presentó denuncias basadas en grabaciones telefónicas  responsabilizando a integrantes del Comando Simón Bolívar y a la asociación civil Esdata presuntamente por planear desestabilizar las elecciones, esto coincide con declaraciones de la Fiscal General quien señaló que las personas no pueden permanecer en los centros de votación y amenazó con la actuación de los efectivos militares que integran el Plan República. Este mensaje de la Fiscal está dirigido directamente a los estudiantes y todos aquellos ciudadanos que han manifestado su intención de presenciar el cierre de las mesas electorales con el propósito de defender los votos.

Aunado a ello, la presidenta del CNE Tibisay Lucena, llamó “antidemocráticos” a quienes dudan de la actuación imparcial del CNE. Las declaraciones de la rectora Lucena han generado controversia en la redes sociales por cuanto ha sido precisamente ella quien con su conducta en los últimos días ha demostrado su falta de imparcialidad al identificarse descaradamente con el PSUV llegando a extremos de portar el símbolo que identifica a los militantes más radicales del régimen chavista.

Una vez más es posible apreciar como los poderes del Estado se articulan de manera sincronizada al margen de sus competencias para favorecer al candidato del régimen, llegando incluso al extremo de recurrir a la violencia contra la población venezolana, especialmente contra los estudiantes, quienes han venido ejerciendo un rol protagónico en la defensa de la democracia, es por ello que debemos apoyar y respaldar a los estudiantes y no abandonarlos en esta difícil tarea.

Tibisay Lucena se quitó la careta

Por: Zulmaire González

Los venezolanos no hemos perdido la capacidad de asombro por el comportamiento de quienes dirigen las instituciones en nuestro país. Durante los últimos catorce años prácticamente todo los días ha ocurrido al menos un hecho que nos sorprende e incluso escandaliza y al día siguiente otro hecho que asombra  aún  más, pero no se debe dejar de comentar, la actitud demostrada por  Tibisay Lucena durante las últimas semanas, debido a lo relevante del cargo que ejerce, así como a la magnitud del rol histórico que está llamada a desempeñar durante las próximas elecciones presidenciales del 14 de abril. 

Tibisay Lucena, quien preside el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el año 2006, posee una amplia trayectoria como funcionaria pública, conoce bien las atribuciones y obligaciones que debido a la investidura del cargo que ejerce le corresponden, además, sabe que la transparencia, despartidización de los organismos electorales e imparcialidad son algunos de los principios fundamentales que rigen a los órganos electorales. Principios que ha resquebrajado notoriamente en las últimas semanas.

A los venezolanos que nunca apoyamos a Chávez y mucho menos ahora apoyaremos a Maduro, siempre nos ha generado duda la transparencia del CNE, especialmente desde el año 2004, cuando por primera vez las elecciones se realizaron empleando el sistema totalmente automatizado. Diversas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos se han pronunciado sobre el tema sin mayores repercusiones, en virtud que a lo largo de estos años el régimen siempre ha contado con la lealtad de la mayoría de los rectores del CNE, de hecho, actualmente de los cinco rectores, cuatro simpatizan con el régimen. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República han sido totalmente complacientes cuando de investigar denuncias por presuntos fraudes electorales se trata.

Se ha cuestionado y por años tuvimos dudas sobre la imparcialidad, transparencia y despartidización del CNE, pero esas dudas que vivieron con nosotros desde el 2004 y que cada vez que ejercíamos nuestro derecho al voto salían a relucir, quedaron totalmente despejadas cuando Tibisay Lucena decidió portar, al mejor estilo Nazi, un brazalete tricolor en su brazo izquierdo, como lo están llevando lo más fieles y radicales militantes del partido de gobierno como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Freddy Bernal, Mario Silva, por nombrar algunos. A estos militantes del chavismo puro y duro quienes han jurado continuar a toda costa con la revolución, también se le sumó nuestra presidenta del CNE!

Además de portar muy orgullosa su brazalete tricolor, Tibisay Lucena, en estos tiempos post Chávez, ha tomado un rol mucho más público y cercano con relación a su fidelidad al régimen, alejándose más de los principios de imparcialidad, transparencia y despartidización que deben regir al CNE, con acciones como: la migración ilegal de Nicolás Maduro desde Carabobo a Caracas para que ahora pueda votar en el mismo centro electoral de su compañera Cilia Flores, permitir la transmisión en cadena nacional de mensajes electorales a favor de Maduro y permitir el uso de la imagen de Chávez con fines electorales en todos los actos que está realizando el presidente encargado y candidato a lo largo del país.

Debido a las acciones antes mencionadas, así como a la ferviente respuesta dirigida por Lucena al mejor estilo de militante del partido de gobierno al Departamento de Estado, luego de los señalamientos sobre la transparencia de las venideras elecciones presidenciales, es que nos permitimos afirmar que Tibisay Lucena se quitó la careta.