Firma invitada: José Félix Rodríguez
Sin el ánimo de propiciar un ataque retaliativo,
ofensivo ni mucho menos personal o que fomente el odio, sino por el contrario reflexivo sobre la
urgente necesidad de revisarnos todos los venezolanos y en especial quienes
ejercen potestades públicas, expongo de manera abierta pero contundente que resulta
inaceptable que bajo el amparo de lo que hoy han mal llamado la “institucionalidad
democrática” se muestre como válida cualquier interpretación que pretenda
diferenciar la tortura y uso excesivo de la fuerza como un matiz o atenuación cuando
en cualquier caso ambas atentan contra los derechos humanos.
Por supuesto que la Defensoría del Pueblo en
ejercicio de sus competencias, no le corresponde constituirse en juez de los
hechos, más sí es su deber por su investidura moral repudiar las conductas
(acciones u omisiones) que atenten contra los derechos humanos y su deber es
investigar –de oficio- a fondo así como instar (exigencia) al Ministerio
Público que haga lo propio, e inclusive de ser necesario presentar paralelamente
con la Fiscalía su propia la querella penal contra cuerpos de seguridad, pues
el COPP le ha dotado de esa función (art. 123), competencia además que nunca se
ha ejercido; así como exigir las reparaciones
que fueran conducentes de ser el caso.
Es inadmisible, tener una respuesta blanda como la
que vimos en declaraciones de la titular de la Defensoría del Pueblo, más allá
del evidente error oratorio, pues a mi entender sería absurdo pensar que alguien
pueda dar algún matiz de legalidad a la tortura.
La presentación del informe “Febrero: Un Golpe a la Paz”
es un salto atrás en la defensa de los derechos humanos, pues prácticas
policiales como las de la GNB y policías usando objetos contundes para
inmovilizar a un ciudadano en proporción de 4 a 1, el propinar “cachazos”,
disparar hacia los edificios, entre otras, sin duda ponen en evidencia al menos
la falta de protocolos coherentes de actuación de los cuerpos de seguridad y el
desconocimiento absoluto de sus agentes de lo que constituye un derecho humano,
y en el caso especial de la PBN echa por tierra los supuestos “logros” de la
Universidad de la Seguridad al ver como se sigue formando a un policía de alma
violenta y agresora.
Desmoraliza a quienes han ejercido labores
defensoriales más allá de sus preferencias políticas ideológicas, como se trata
de atenuar la gravedad de conductas que acaban con los derechos humanos,
tratando de diferenciar inútilmente el uso excesivo de la fuerza y la tortura, cuando
ambos caben en el campo de las prácticas policiales inadecuadas y la violación
de derechos humanos, más allá del tecnicismo de la tipología, o si se trata de
una violación individual o una práctica sistemática, dado que en todos se debe
actuar y condenar con la misma fuerza sin miramiento de cual es menos o más
grave.
