Fuente: http://www.lapatilla.com
Ya antes he tratado de hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos del gobierno y de tratar de comprender, que no avalar, desde su perspectiva, cuál es el sentido de sus acciones. A final de cuentas, si de luchas hablamos, todas comienzan por conocer al opuesto. En los últimos dos meses, vista la brutal represión que se ha dado en nuestro país contra todo aquel que proteste contra las erradas políticas de Maduro a todo nivel, he tratado con ahínco de “ponerme en el lugar del otro”, no para justificar –eso es imposible- pero sí al menos para entender, hacia dónde se dirige y cuáles son los objetivos finales de tanta barbarie.
A estas alturas, y vistos los claros y reiterados patrones que se constatan en la desmedida actuación del poder cuando lidia con manifestantes que son criminalizados, no creo que haya quien pueda negar, salvo que sea preso de un inmenso cinismo, que la represión que se padece responde a una planificación minuciosa que impone unos lineamientos precisos, todos dirigidos a dos cosas: Por una parte, crear una “narrativa” oficial, completamente alejada de lo que en verdad ocurre, en la que los “culpables” de toda la violencia y del caos son los opositores, que en consecuencia son “delincuentes”; mientras que las instituciones, los cuerpos de seguridad y los civiles armados que actúan violentamente contra otros ciudadanos al amparo del poder, no son más que “víctimas heroicas” de todo lo que acontece. Por la otra, se busca generar miedo, mucho miedo, en quienes se atrevan a alzar la voz contra cualquier desafuero del gobierno.
¿Cuáles son estos patrones de que les hablo? Son varios, por razones de espacio voy a esbozar algunos brevemente. En primer término, cuando se produce cualquier manifestación contra el gobierno, sea pacífica o no (esto no parece ser del interés de los cuerpos de seguridad, que desbocan su fuerza contra cualquier expresión disidente) se activan mecanismos policiales y militares que en cada una de las detenciones que nos ha tocado manejar o monitorear (hasta el momento de la redacción de esta columna, eran 1943 a nivel nacional, reportadas al Foro Penal Venezolano) involucran excesos en el uso de la fuerza. Éstos van desde el abuso de la fuerza física, incluso contra manifestantes ya sometidos, hasta el uso de armas de fuego, de sustancias tóxicas y de otros medios ilegales y prohibidos por la Constitución para la dispersión de las manifestaciones.
