Por: Zulmaire González
Mucho se dice sobre los altos niveles de corrupción
en Venezuela, es común conocer que alcaldes, gobernadores, ministros,
presidentes de institutos autónomos, así como un importante porcentaje de
funcionarios estén incursos en hechos o actos de corrupción.
Durante los catorce años de gobierno de Hugo Chávez,
hemos conocido casos emblemáticos de corrupción como: Plan Bolívar 2000, ciudad
Lebrún, alimentos podridos de PDVAL,[1]
el maletín Antonini con 800 mil dólares, la gestión de Diosdado Cabello en la
gobernación de Miranda, la gestión de Juan Barreto en la Alcaldía Metropolitana
y la gestión de José Vicente Rangel Ávalos en la Alcaldía de Sucre, la compra
de armas, el Bus Caracas, la Gran Misión Vivienda, el uso excesivo y descarado
de los recursos de Estado para hacer campañas políticas, por tan solo nombrar algunos
casos. Es una verguenza que hayan sido muy poco los casos donde se determinó la
responsabilidad penal y/o administrativa de los funcionarios incursos en los
delitos establecidos en la Ley contra la Corrupción, por el contrario, siempre
estos funcionarios luego de una suerte de reciclaje institucional terminan
ocupando otros cargos dentro del gobierno, lo que evidencia la impunidad que
existe en Venezuela.
El desvío de fondos públicos o el mal manejo de estos, generan consecuencias negativas para el país, que se traduce en el estado de abandono de los hospitales y las autopistas, los problemas eléctricos, las promesas incumplidas, el mal funcionamiento de los servicios públicos administrados por el gobierno que evidencian una falta de compromiso del régimen chavista para combatir de una manera eficiente la corrupción en Venezuela. Asimismo, cabe recordar que aún está en mora la designación de un nuevo Contralor General de la República, cargo que ha venido ejerciendo quien era la Sub-Contralora al momento del deceso, en junio de 2011, del único Contralor designado desde 1999 siguiendo los preceptos establecidos en la Constitución.
El desvío de fondos públicos o el mal manejo de estos, generan consecuencias negativas para el país, que se traduce en el estado de abandono de los hospitales y las autopistas, los problemas eléctricos, las promesas incumplidas, el mal funcionamiento de los servicios públicos administrados por el gobierno que evidencian una falta de compromiso del régimen chavista para combatir de una manera eficiente la corrupción en Venezuela. Asimismo, cabe recordar que aún está en mora la designación de un nuevo Contralor General de la República, cargo que ha venido ejerciendo quien era la Sub-Contralora al momento del deceso, en junio de 2011, del único Contralor designado desde 1999 siguiendo los preceptos establecidos en la Constitución.
Aunado a lo anterior, en el último estudio de
percepción de corrupción elaborado por Transparency International,[2]
Venezuela obtuvo una puntuación de 19/100 quedando en el puesto 165 de 176
países evaluados y como dato adicional, en el Continente Americano, Venezuela y
Haití son percibidos como los países más corruptos.
Los escándalos en materia de corrupción en Venezuela
afectan nuestros valores y principios éticos en detrimento de la sociedad, la
institucionalidad, el imperio de la ley, lo cual ha generado atraso, desmejora en
nuestra calidad vida, y ha contribuido a aumentar los índices de impunidad.
[1] Productora y Distribuidora
Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), empresa del Estado cuya misión es
ofrecer a la población venezolana productos de la cesta básica e insumos básicos
a precios regulados en todo el país, atendiendo a toda la cadena de
comercialización, que incluye producción, transporte, almacenamiento,
distribución y venta final.
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