JUANCARLOS VARGAS | EL UNIVERSAL
jueves 3 de julio de 2014 12:00 AM
Con motivo de la reciente denuncia del supuesto plan magnicida contra Maduro y la solicitud de aprehensión formulada a Interpol por parte de la fiscal general contra Diego Arria y Pedro Mario Burelli, a quienes se les atribuye responsabilidad en el dudoso plan, utilizando para ello correos electrónicos, cuya veracidad ha sido negada públicamente por ellos, se hace evidente una vez más que los poderes públicos con competencia en materia penal pretenden utilizar esta organización internacional de policía criminal con fines políticos.
Sobre esta práctica maliciosa del régimen existen algunos antecedentes, entre los que destacan la alerta roja contra Guillermo Zuluaga e hijo en 2010, la cual fue calificada por el jurista Alberto Arteaga Sánchez como de "peregrina solicitud". Las órdenes contra banqueros en 2011, las cuales fueron desestimadas por la propia Interpol, y más recientemente, el intento de incluir en la lista de Interpol al asesor político J.J. Rendón.
Cada uno de los hechos supra mencionados contravienen el artículo 3 del estatuto de la Interpol que establece: "Está rigorosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial".



