Firma invitada: José Félix Rodríguez
Sin el ánimo de propiciar un ataque retaliativo,
ofensivo ni mucho menos personal o que fomente el odio, sino por el contrario reflexivo sobre la
urgente necesidad de revisarnos todos los venezolanos y en especial quienes
ejercen potestades públicas, expongo de manera abierta pero contundente que resulta
inaceptable que bajo el amparo de lo que hoy han mal llamado la “institucionalidad
democrática” se muestre como válida cualquier interpretación que pretenda
diferenciar la tortura y uso excesivo de la fuerza como un matiz o atenuación cuando
en cualquier caso ambas atentan contra los derechos humanos.
Por supuesto que la Defensoría del Pueblo en
ejercicio de sus competencias, no le corresponde constituirse en juez de los
hechos, más sí es su deber por su investidura moral repudiar las conductas
(acciones u omisiones) que atenten contra los derechos humanos y su deber es
investigar –de oficio- a fondo así como instar (exigencia) al Ministerio
Público que haga lo propio, e inclusive de ser necesario presentar paralelamente
con la Fiscalía su propia la querella penal contra cuerpos de seguridad, pues
el COPP le ha dotado de esa función (art. 123), competencia además que nunca se
ha ejercido; así como exigir las reparaciones
que fueran conducentes de ser el caso.
Es inadmisible, tener una respuesta blanda como la
que vimos en declaraciones de la titular de la Defensoría del Pueblo, más allá
del evidente error oratorio, pues a mi entender sería absurdo pensar que alguien
pueda dar algún matiz de legalidad a la tortura.
La presentación del informe “Febrero: Un Golpe a la Paz”
es un salto atrás en la defensa de los derechos humanos, pues prácticas
policiales como las de la GNB y policías usando objetos contundes para
inmovilizar a un ciudadano en proporción de 4 a 1, el propinar “cachazos”,
disparar hacia los edificios, entre otras, sin duda ponen en evidencia al menos
la falta de protocolos coherentes de actuación de los cuerpos de seguridad y el
desconocimiento absoluto de sus agentes de lo que constituye un derecho humano,
y en el caso especial de la PBN echa por tierra los supuestos “logros” de la
Universidad de la Seguridad al ver como se sigue formando a un policía de alma
violenta y agresora.
Desmoraliza a quienes han ejercido labores
defensoriales más allá de sus preferencias políticas ideológicas, como se trata
de atenuar la gravedad de conductas que acaban con los derechos humanos,
tratando de diferenciar inútilmente el uso excesivo de la fuerza y la tortura, cuando
ambos caben en el campo de las prácticas policiales inadecuadas y la violación
de derechos humanos, más allá del tecnicismo de la tipología, o si se trata de
una violación individual o una práctica sistemática, dado que en todos se debe
actuar y condenar con la misma fuerza sin miramiento de cual es menos o más
grave.
Sin duda en Venezuela, hemos tenido una larga
historia de esas prácticas terribles, que llevaron a la muerte de personas a
través de ejecuciones y desaparición forzada mucho antes que existiera la
Defensoría del Pueblo y que correctamente se ha hecho eco. No obstante, es absurdo basarse en la gravedad
pasada para pretender dar una “sensación de legalidad” de lo que se vive hoy en
las calles de más de una decena de municipios (de las ciudades más pobladas de
Venezuela) y que sólo se pueden seguir a través de redes sociales como única
pero novedosa forma de control e información ciudadana, ante la ausencia de
medios locales que reflejen lo que está sucediendo.
Si bien el uso de los videos e imágenes debe verse
responsablemente, no puede quitárseles todo su valor pues son los instrumentos
de comunicación que nos brinda la tecnología del siglo XXI, como lo era en
tiempos de otrora la imprenta, los pasquines y las consignas en las paredes
durante los años 60-80.
Quisieran los antiguos defensores de los DDHH haber
contado con una cámara, un video o un teléfono inteligente para poder demostrar
las violaciones de derechos humanos cuando la masacre de Cantaura, ¿cuánto
habría servido una foto para ver a la Digipol actuando, a la PM haciendo aplicando
profilaxis social? ¿cuánto habría servido una simple grabación como las que
vemos hoy? ¿Cuánto serviría un video para saber de una vez por todas quienes
excavaron las fosas comunes de la peste y no pasar años tras la pista buscando a
las víctimas?
Estamos obligados a rechazar el uso de la violencia
en manifestaciones ciudadanas, ya que nos aleja cada día más de una gobernanza
plural e inclusiva. Pero también resulta poco honroso que la Defensoría del
Pueblo reste valor a los manifestante bajo el título de “guarimberos” y le
exima de hacer su trabajo que es investigar “y no a la velocidad de los medios”
como refiere su titular, pero tampoco se espera que salga en defensa de la
institucionalidad democrática en el tiempo que Gobierno espera, sino que haga
lo que la Constitución le impone a la institución como obligación y no como una
concesión discrecional de actuar dentro de la lógica o tendencia políticas de
su operadores.
Es de recordar que las competencias son
instrucciones, no opciones, es decir, obligaciones que impone una Constitución,
pueblo expresado mediante referendo, pueblo que incluye a quienes se encuentran
en la calle hoy en día, pues no sólo la refrendó los votos ganadores del
presidente Maduro y que la conducta de sus representantes de la Defensoría del
Pueblo hoy desdibujan la esencia para lo cual fue creada. Debemos recordar que
hay mucho camino recorrido y muchos profesionales (funcionarios y
exfuncionarios defensoriales) así grupos organizados formados en derechos
humanos para dar respuesta a estos eventos y que la conducta blanda de la
Defensoría del Pueblo (para no tildarla de omisiva) da una patada a su dignidad.
Es un deber resguardar y condenar cualquier conducta
policial, pues validarla o pretender atenuarla es un grave peligro, ello
significa que en un futuro cualquier persona inclusive usted, sus hijos,
sobrinos o nietos podrían ser víctima de un batazo, un cachazo o una golpiza
por un GNB y eventualmente no sería una violación de derechos humanos grave.
Finalmente y en honor al dialogo, como ciudadano
demando a que no sean utilizados calificativos a los ciudadanos ya que el
Estado (en sus distintas ramas) tiene la responsabilidad de gobernar para todos
con respeto e imparcialidad, recordando que es imposible que la mitad de nuestros
muchachos sean fascistas. El discurso de la lucha de clases sin duda pierde
sustento si son tantos los burgueses que están en la calle, porque es obvio que
no hay una clase pudiente en esas proporciones o pretender que son los ricos
quienes protestan.
Es un llamado a la conciencia, al rescate de la paz,
a los valores de casa y a una verdadera institucionalidad democrática, y es
hora de que ponga en remojo la vocería y actuación de la Defensoría del Pueblo.
José Félix Rodríguez Torres
@jfelixrodriguez
Excelente tu exposición de los hechos, pero a quién acudir cuando la Defensoría del Pueblo en vez de investigar lo que hace es justificar los hechos?. A quién acudir cuando no hay ningún poder público que haga cumplir la constitución tal cual está escrita, sino que es usada a conveniencia del gobierno con fines políticos? A quién acudir cuando los organismos internacionales se lavan las manos dejándo ver la costura de sus intereses?
ResponderEliminarSólo nos queda alzar nuestra voz para rechazar dichas violaciones a nuestros derechos humanos y seguir luchando por el deber ser.