La fuerza en la Defensa de los DDHH, los medios y sus tiempos

Firma invitada: José Félix Rodríguez

Sin el ánimo de propiciar un ataque retaliativo, ofensivo ni mucho menos personal o que fomente el odio,  sino por el contrario reflexivo sobre la urgente necesidad de revisarnos todos los venezolanos y en especial quienes ejercen potestades públicas, expongo de manera abierta pero contundente que resulta inaceptable que bajo el amparo de lo que hoy han mal llamado la “institucionalidad democrática” se muestre como válida cualquier interpretación que pretenda diferenciar la tortura y uso excesivo de la fuerza como un matiz o atenuación cuando en cualquier caso ambas atentan contra los derechos humanos.

Por supuesto que la Defensoría del Pueblo en ejercicio de sus competencias, no le corresponde constituirse en juez de los hechos, más sí es su deber por su investidura moral repudiar las conductas (acciones u omisiones) que atenten contra los derechos humanos y su deber es investigar –de oficio- a fondo así como instar (exigencia) al Ministerio Público que haga lo propio, e inclusive de ser necesario presentar paralelamente con la Fiscalía su propia la querella penal contra cuerpos de seguridad, pues el COPP le ha dotado de esa función (art. 123), competencia además que nunca se ha ejercido;  así como exigir las reparaciones que fueran conducentes de ser el caso.

Es inadmisible, tener una respuesta blanda como la que vimos en declaraciones de la titular de la Defensoría del Pueblo, más allá del evidente error oratorio, pues a mi entender sería absurdo pensar que alguien pueda dar algún matiz de legalidad a la tortura. 

La presentación del informe “Febrero: Un Golpe a la Paz” es un salto atrás en la defensa de los derechos humanos, pues prácticas policiales como las de la GNB y policías usando objetos contundes para inmovilizar a un ciudadano en proporción de 4 a 1, el propinar “cachazos”, disparar hacia los edificios, entre otras, sin duda ponen en evidencia al menos la falta de protocolos coherentes de actuación de los cuerpos de seguridad y el desconocimiento absoluto de sus agentes de lo que constituye un derecho humano, y en el caso especial de la PBN echa por tierra los supuestos “logros” de la Universidad de la Seguridad al ver como se sigue formando a un policía de alma violenta y agresora.

Desmoraliza a quienes han ejercido labores defensoriales más allá de sus preferencias políticas ideológicas, como se trata de atenuar la gravedad de conductas que acaban con los derechos humanos, tratando de diferenciar inútilmente el uso excesivo de la fuerza y la tortura, cuando ambos caben en el campo de las prácticas policiales inadecuadas y la violación de derechos humanos, más allá del tecnicismo de la tipología, o si se trata de una violación individual o una práctica sistemática, dado que en todos se debe actuar y condenar con la misma fuerza sin miramiento de cual es menos o más grave.

Sin duda en Venezuela, hemos tenido una larga historia de esas prácticas terribles, que llevaron a la muerte de personas a través de ejecuciones y desaparición forzada mucho antes que existiera la Defensoría del Pueblo y que correctamente se ha hecho eco.  No obstante, es absurdo basarse en la gravedad pasada para pretender dar una “sensación de legalidad” de lo que se vive hoy en las calles de más de una decena de municipios (de las ciudades más pobladas de Venezuela) y que sólo se pueden seguir a través de redes sociales como única pero novedosa forma de control e información ciudadana, ante la ausencia de medios locales que reflejen lo que está sucediendo.

Si bien el uso de los videos e imágenes debe verse responsablemente, no puede quitárseles todo su valor pues son los instrumentos de comunicación que nos brinda la tecnología del siglo XXI, como lo era en tiempos de otrora la imprenta, los pasquines y las consignas en las paredes durante los años 60-80. 

Quisieran los antiguos defensores de los DDHH haber contado con una cámara, un video o un teléfono inteligente para poder demostrar las violaciones de derechos humanos cuando la masacre de Cantaura, ¿cuánto habría servido una foto para ver a la Digipol actuando, a la PM haciendo aplicando profilaxis social? ¿cuánto habría servido una simple grabación como las que vemos hoy? ¿Cuánto serviría un video para saber de una vez por todas quienes excavaron las fosas comunes de la peste y no pasar años tras la pista buscando a las víctimas?

Estamos obligados a rechazar el uso de la violencia en manifestaciones ciudadanas, ya que nos aleja cada día más de una gobernanza plural e inclusiva. Pero también resulta poco honroso que la Defensoría del Pueblo reste valor a los manifestante bajo el título de “guarimberos” y le exima de hacer su trabajo que es investigar “y no a la velocidad de los medios” como refiere su titular, pero tampoco se espera que salga en defensa de la institucionalidad democrática en el tiempo que Gobierno espera, sino que haga lo que la Constitución le impone a la institución como obligación y no como una concesión discrecional de actuar dentro de la lógica o tendencia políticas de su operadores.

Es de recordar que las competencias son instrucciones, no opciones, es decir, obligaciones que impone una Constitución, pueblo expresado mediante referendo, pueblo que incluye a quienes se encuentran en la calle hoy en día, pues no sólo la refrendó los votos ganadores del presidente Maduro y que la conducta de sus representantes de la Defensoría del Pueblo hoy desdibujan la esencia para lo cual fue creada. Debemos recordar que hay mucho camino recorrido y muchos profesionales (funcionarios y exfuncionarios defensoriales) así grupos organizados formados en derechos humanos para dar respuesta a estos eventos y que la conducta blanda de la Defensoría del Pueblo (para no tildarla de omisiva) da una patada a su dignidad.

Es un deber resguardar y condenar cualquier conducta policial, pues validarla o pretender atenuarla es un grave peligro, ello significa que en un futuro cualquier persona inclusive usted, sus hijos, sobrinos o nietos podrían ser víctima de un batazo, un cachazo o una golpiza por un GNB y eventualmente no sería una violación de derechos humanos grave.

Finalmente y en honor al dialogo, como ciudadano demando a que no sean utilizados calificativos a los ciudadanos ya que el Estado (en sus distintas ramas) tiene la responsabilidad de gobernar para todos con respeto e imparcialidad, recordando que es imposible que la mitad de nuestros muchachos sean fascistas. El discurso de la lucha de clases sin duda pierde sustento si son tantos los burgueses que están en la calle, porque es obvio que no hay una clase pudiente en esas proporciones o pretender que son los ricos quienes protestan.

Es un llamado a la conciencia, al rescate de la paz, a los valores de casa y a una verdadera institucionalidad democrática, y es hora de que ponga en remojo la vocería y actuación de la Defensoría del Pueblo.

José Félix Rodríguez Torres

@jfelixrodriguez