Las Elecciones Auténticas, Iguales y Secretas son un Derecho Humano

Por: Zulmaire González y Juancarlos Vargas

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y (…)

El próximo 14 de abril el candidato de la Mesa de la Unidad (MUD) Henrique Capriles deberá derrotar al aparato del Estado venezolano, el cual está totalmente volcado a la disposición del Presidente Encargado de la República, Nicolás Maduro, quien ha venido utilizando recursos económicos pertenecientes a todos los venezolanos para financiar su campaña electoral, así como para movilizar a los partidarios del Partido Unido de Venezuela (PSUV) a las cada vez menos espontáneas movilizaciones y concentraciones.

Resulta clara la falta de imparcialidad que ha exhibido el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los últimos catorce (14) años, falta de imparcialidad que se hace más notoria de cara a los próximo comicios electorales. Asimismo, existe desigualdad en las condiciones entre los dos principales candidatos que se medirán en dichas elecciones. Para sustentar es punto basta simplemente con mencionar que mientras Capriles se separó del cargo de Gobernador de Miranda, al inscribir su candidatura electoral, como lo establece la Ley de Procesos Electorales, Nicolás Maduro permanece, gracias a sentencia violatoria de nuestra Carta Magna dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como Presidente Encargado.

Aunado a lo antes mencionado, es oportuno hacer referencia al tema de la escasa pluralidad, por no decir nula, dentro de los rectores del CNE, quienes no representan al pueblo venezolano, toda vez que de los cinco (5) rectores principales cuatro (4) de ellos están identificados con el régimen chavista, más aún evidente y chocante resulta la actitud descarada de la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien durante los últimos días, ante hechos como la difusión desmedida de cadenas en honor a Hugo Chávez de claro sesgo electoral y/o ante las observaciones formuladas por el Departamento de Estado sobre las futuras elecciones, se ha comportado como una militante más del PSUV. En este orden de ideas, si existe desconfianza en la mayoría de los rectores del CNE, ello lleva automáticamente a desconfiar en la veracidad en el Registro Electoral Permanente (REP).

El voto debe ser secreto, lo cual se traduce en la seguridad que debe tener todo ciudadano que su voto no será dado a conocer o publicado, no obstante esta seguridad ha sido violentada, como muestra de ello es la denominada Lista Maisanta, que ha sido utilizada como instrumento de apartheid político para negar posiciones de trabajo en las instituciones del Estado venezolano a quienes no hayan votado a favor del partido de gobierno, ya que ésta indica si los votantes sufragaron a favor o no del entonces Presidente Hugo Chávez. El temor a que se revele la identidad del voto se ha venido incrementado paulatinamente a partir del año 2004 cuando se empezaron a utilizar las máquinas de votación, las cuales vinieron a sustituir el voto manual. El sistema de votación utilizando máquinas automatizadas no permite que los ciudadanos presencien el escrutinio de los votos. Además, las denominadas capta huellas generan desconfianza entre un número importante de ciudadanos, esto ha traído como consecuencia que recientemente, la MUD haya solicitado, sin mucho éxito, al CNE no utilizar capta huellas, así como la adopción de otras medidas que propicien una mayor igualdad.

En los regímenes democráticos se debe reconocer y garantizar el derecho a elegir a los gobernantes. Para que no se viole este derecho humano, el próximo 14 de abril el Estado venezolano debe garantizar elecciones auténticas. Para ello, debe haber imparcialidad, garantía del voto secreto, y la pluralidad de los árbitros electorales, de lo contrario, se estará violentando el Artículo 23.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incurriendo el Estado venezolano en un hecho internacionalmente ilícito generador de responsabilidad internacional, debiendo recordar que si bien el Estado venezolano manifestó su intención de dar por terminado ese tratado internacional en fecha 06 de septiembre de 2012, sigue obligado a cumplir sus disposiciones, las de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, y las obligaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el 06 de septiembre de 2013.