Por: Juancarlos Vargas/ El Universal
11 de abril de 2013
Como ciudadano venezolano y
profesor universitario no puedo dejar de alzar mi voz ante hechos como el
ocurrido en la noche del pasado lunes 8 de abril en la Plaza La Castellana, cuando
un grupo armado atacó a los estudiantes que se encontraban protestando
pacíficamente.
Existen distintas versiones sobre
quienes perpetraron los hechos, hay quienes señalan que se trató de grupos
civiles armados que actuaron de forma espontánea, otros responsabilizan a efectivos
policiales, incluso algunos líderes estudiantiles han denunciado la presencia
como infiltrados de agentes pertenecientes al régimen Castro-comunista.
Independientemente de quienes
hayan perpetrado los hechos, es oportuno recordar al gobierno venezolano que el
Estado debe tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el
derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de los ciudadanos
venezolanos. En este caso se trata de jóvenes valientes que están haciendo uso
legítimo del derecho a la protesta.
Los derechos humanos se violan
por acción así como por omisión, por lo que de continuar la conducta omisiva
del gobierno ante este tipo de ataques contra los estudiantes, los cuales no
son nuevos, basta recordar los hechos del pasado 21 de marzo cuando una
representación de estudiantes que marchaba pacíficamente al Consejo Nacional
Electoral (CNE) fue objeto de violencia de un grupo civil simpatizante del
régimen, el Estado venezolano se seguirá colocando de espaldas al derecho
internacional de los derechos humanos.
Es oportuno alertar a los
funcionarios del Estado venezolano, especialmente a los integrantes del alto
gobierno, pasando por la fuerza armada y los cuerpos policiales que deben estar
conscientes que conforme al derecho internacional coexiste la responsabilidad
internacional de los estados con la responsabilidad penal individual sin que
pueda invocarse la obediencia debida.
En el pasado reciente mucho se
habló y se escribió sobre la posibilidad que Hugo Chávez fuese juzgado por la
Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Actualmente se comienza a
advertir que en caso de actos represivos que se constituyan en violaciones
masivas y sistemáticas a los derechos humanos, Nicolás Maduro podría terminar
en La Haya enfrentando a la justicia internacional, a menos que como actual
jefe de estado y de gobierno comience a actuar con responsabilidad y deje a un
lado la apología al odio, el doble discurso y haga ejercer su autoridad (no
autoritarismo) para controlar a los grupos violentos, especialmente aquellos
que el régimen chavista ha venido armando durante los últimos catorce años.
@jeisakuvargas
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