Por: Juancarlos Vargas
Llama la atención que a pesar que
Simonovis es considerado por la oposición venezolana y por sectores de la comunidad internacional como “preso
político”, se le negó la medida humanitaria solicitada por sus abogados y se le
“decretó prácticamente una pena de muerte” a este ciudadano debido al deterioro
físico que padece como consecuencia de haber estado recluido en un calabozo en
condiciones que constituyen un trato cruel, humano y/o degradante[1]
sin que la institución llamada a velar por la vigencia de los derechos humanos
en el país-Defensoría del Pueblo- de conformidad con la Constitución de 1999,[2]
haya tomado alguna iniciativa apreciable para cumplir cabalmente con su
mandato.La relación entre la división de poderes y la vigencia de los derechos humanos es imprescindible para evitar el deterioro del estado de derecho, la falta de justicia y la libertad. La inexistencia de esta relación se ha venido haciendo cada vez más evidente en los últimos catorce años. Paradójicamente ha contribuido para ello la creación de esta novedosa institución en Venezuela que tanta expectativa y optimismo e incluso emoción generó entre los jóvenes abogados que contribuyeron a darle vida a lo que parecía ser una utopía que se materializó hasta el año 2002 gracias al trabajo constante, desinteresado y sobre todo no sujeto a las directrices ideologías derivadas del Poder Ejecutivo.
Cabe destacar que en el año 2002, cuando el entonces Defensor
asumió una conducta omisiva apartándose del mandato constitucional, advertí con otros ex Directores de la
Defensoría del Pueblo, como integrantes de la ONG Veedores de los
Derechos Ciudadanos, con preocupación esta situación, por lo que se denunció
ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la
politización de esa institución. Esta ONG insistió en que un número importante
de funcionarios de la Defensoría del Pueblo estaban ideológicamente vinculados
con el partido de gobierno, lo cual llevó a que fuesen desestimadas nuestras
denuncias y catalogados de golpistas.
En la actualidad, la situación
antes descrita se ha acentuado, pues ya no se trata de un número importante de
funcionarios ideológicamente vinculados al régimen sino que todos los
funcionarios y empleados son obligados por la actual Defensora del Pueblo a seguir
las líneas ideológicas del gobierno.
Once años después de la denuncia
presentada por los Veedores de los Derechos Ciudadanos, es posible apreciar que
la Defensoría del Pueblo, no solo no ha cumplido con su mandato, sino que por
el contrario ha contribuido a violar derechos humanos con su constante conducta
pasiva y omisiva.
El caso Simonovis, la
persecución, tortura y encarcelamiento injustificados en que ha sido objeto la
jueza Afiuni, el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), las multas contra Globovisión,
las constantes persecuciones y violaciones al debido proceso de las que han
sido objeto muchos de quienes son políticamente contrarios al régimen chavista,
la impunidad con que actúan los delincuentes, han logrado que al ciudadano
común en particular y en general a la sociedad venezolana se le haya olvidado
que existe la Defensoría del Pueblo, la cual se ha convertido en una
herramienta más del chavismo para aparentar ante la comunidad internacional que
en Venezuela existe una democracia y se respetan los derechos humanos.
Asimismo, se defiende la tesis que no hay perseguidos políticos, cuando está
claro que se persigue para crear una sensación de temor y de miedo cuyo fin
último es amordazar a la sociedad venezolana. Muestra de ello son las
“cruzadas” por supuestos hechos contra la corrupción que se han iniciado en la
última semana contra integrantes de la oposición, como el ex alcalde Leopoldo
López, quien deberá comparecer a la fiscalía en calidad de imputado el próximo
28 de febrero. Este hecho incorpora una novedad pues ya no se persigue
únicamente al político opositor sino que se empieza a jugar con elementos
psicológicos al imputar también a la señora madre de López que en el mes
entrante deberá comparecer a la fiscalía también en calidad de imputada.
Todo lo narrado ocurre en un
clima de incertidumbre que contribuye a una falta de reacción contundente por
parte de la sociedad venezolana, donde hasta ahora algunos sectores están
dispuesto a arriesgarse (estudiantes, sindicalistas y activistas de derechos
humanos). Esta situación en ocasiones parece avanzar hacia un estado de inercia
en espera de un desenlace, por lo que la falta de reacciones más contundentes,
en consecuencia es posible afirmar que el terror y el miedo se ha logrado
implantar de manera progresiva y sistemática durante los últimos catorce años.
Hoy en día podemos aseverar que
la Defensoría del Pueblo volvió a ser una utopía a pesar del trabajo y esfuerzo
de muchos jóvenes comprometidos con la institucionalidad quienes se vieron frustrados
ante la prevalencia de la ideología gubernamental.
[1] Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Artículo 16 1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en
cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como
se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario
público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación
o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se
aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11,
12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras
formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(…)
[2] Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, publicada el 24 de marzo de 2000, publicada en la
Gaceta Oficial Número Extraordinario 5.453 de la misma fecha. Artículo 280. La
Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de
los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos,
colectivos y difusos, de los ciudadanos(…)
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