JUANCARLOS VARGAS | EL UNIVERSAL
jueves 3 de julio de 2014 12:00 AM
Con motivo de la reciente denuncia del supuesto plan magnicida contra Maduro y la solicitud de aprehensión formulada a Interpol por parte de la fiscal general contra Diego Arria y Pedro Mario Burelli, a quienes se les atribuye responsabilidad en el dudoso plan, utilizando para ello correos electrónicos, cuya veracidad ha sido negada públicamente por ellos, se hace evidente una vez más que los poderes públicos con competencia en materia penal pretenden utilizar esta organización internacional de policía criminal con fines políticos.
Sobre esta práctica maliciosa del régimen existen algunos antecedentes, entre los que destacan la alerta roja contra Guillermo Zuluaga e hijo en 2010, la cual fue calificada por el jurista Alberto Arteaga Sánchez como de "peregrina solicitud". Las órdenes contra banqueros en 2011, las cuales fueron desestimadas por la propia Interpol, y más recientemente, el intento de incluir en la lista de Interpol al asesor político J.J. Rendón.
Cada uno de los hechos supra mencionados contravienen el artículo 3 del estatuto de la Interpol que establece: "Está rigorosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial".
En el caso de Burelli, venezolano comprometido con la democracia, es claro el móvil político y en el caso de Arria, quien como funcionario de la ONU participó en importantes misiones relacionadas con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y a quien conozco personalmente, ya que tuve el privilegio de compartir ideas durante las primarias y con posterioridad a ella sobre aspectos jurídicos vinculados a la necesidad de implementar una transición utilizando vías establecidas en la Constitución para concretar un cambio de régimen y no un simple cambio de gobierno, luce aún más temeraria la intención de la fiscal. En este sentido, no solo es clara la violación del citado artículo 3 sino que además el régimen y la fiscal general estarían contraviniendo el artículo 2.a del estatuto, que señala: "Sus fines son: conseguir y desarrollar, dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la declaración universal de DDHH, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal.
Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 11.1 de la declaración universal dispone: "Que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías judiciales para su defensa". Asimismo, el artículo 12 de este instrumento internacional establece: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación (...)".
Es clara la manipulación que existe en la solicitud de la fiscal general, pues no solo estaría violentando la presunción de inocencia de Arria y Burelli ya que no existe ninguna decisión judicial que pruebe participación en plan magnicida alguno y además es clara las injerencias arbitrarias en sus vidas privadas.
Mientras la fiscal general infructuosamente trata de manipular a la Interpol para perseguir a la disidencia, se fugan del país los asesinos de Adriana Urquiola y Bassil Da Costa a la par que aumentan los índices de criminalidad, proliferan la trata de blancas y el narcotráfico, utilizando a Venezuela como puente para estas fechorías.
@jeisakuvargas
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