Por: Eduardo Rodríguez-Weil
Firma Invitada
El Estado venezolano, en su condición
de sujeto de derecho internacional, es titular de derechos y obligaciones internacionales.
Entre sus deberes destacan el cumplir las normas del derecho internacional humanitario
y derechos humanos, y puede responder ante tribunales internacionales, en caso
de violarlos.
Sin embargo, no sólo el Estado, sino
sus agentes, eventualmente pueden responder ante tribunales internacionales por
cometer crímenes internacionales, si los tribunales nacionales, por varias
razones, son incapaces de administrar justicia en el caso concreto. En
consecuencia, el control que pueda ejercer el gobierno
sobre el poder judicial, no garantiza la impunidad de sus agentes.
Concretamente el Estatuto de Roma que
crea la Corte Penal Internacional, ratificado por Venezuela, señala que: “la
corte tendrá competencia respecto a personas naturales”, entendiendo que éstas
pueden ser el ejecutor, cómplice, encubridor, colaborador, proponente, inductor, o todo aquel que contribuya de otro
modo, así sea en grado de comisión o tentativa, “sin distinción alguna basada
en el cargo oficial”. Concretamente en caso de militares, éstos responden por
los hechos cometidos por las tropas bajo su cargo, aún en casos que
desconociere lo que hacían sus tropas si por su cargo debería estar en
conocimiento de ello. De nada sirve la excusa de que se actuaba acatando
órdenes superiores.
La Corte Penal conoce sólo casos donde
se cometen crímenes “de grave trascendencia para la comunidad internacional en
su conjunto”, donde están los
crímenes de lesa humanidad: asesinato, tortura, encarcelación o privación grave
de la libertad física, desaparición forzada de personas, entre otros, siempre y
cuando se efectúen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil”.
No interesa discutir ahora si se han
producido estos crímenes durante el régimen “bolivariano”, sino precisar que en
caso de una represión desmedida de las protestas de la oposición por parte del
gobierno, es posible que se genere un conflicto de tal
magnitud en el cual estos crímenes se cometan de forma generalizada o
sistemática.
Conviene que los líderes, políticos,
militares y funcionarios públicos cualesquiera sea su rango, recuerden que están
obligados a no cometer estos crímenes, y que pueden responder
internacionalmente por ello.
@RodriguezWeil
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