Zulmaire González
En Venezuela, lamentablemente cometer delitos contra los derechos
humanos se convirtió en política de Estado. Los funcionarios con uniforme, sin
uniforme, con bigote y sin bigote han cometido graves delitos contra los
derechos humanos de un número importante de venezolanos. Hoy en día, los
funcionarios con toga, esos que son los llamados a ser garantes de la
constitución y la leyes, lo que deben velar por mantener la institucionalidad y
el estado de derecho, han pasado a ser los principales protagonistas de los
casos de violación de derechos humanos cometidos por el Estado venezolano.
Con la más reciente decisión del TSJ declarando inconstitucional
la Ley de Amnistía, los funcionarios con toga están avalando las prácticas de
persecución, represión, torturas y detenciones arbitrarias que han venido
implementando altos funcionarios del gobierno en los últimos años. Con esa
decisión, dichos magistrados se colocan al margen de la constitución, las leyes
y los tratados internacionales de derechos humanos y además, le están dando la
espalda a la mayoría de los venezolanos que en las últimas elecciones votaron
para que liberen a los presos políticos.
Hay más de 100 presos políticos en Venezuela, unos tienen más de una
década tras los barrotes de la injusticia y otros están detenidos
arbitrariamente desde el 2014. Entre los presos políticos hay mujeres,
estudiantes, políticos, militares, policías, jóvenes y no tan jóvenes, hay unos
que han envejecido en su celda, otros se han enfermado y está el preso político
que decidió acabar con su vida para proteger a sus compañeros de celda ante un
posible traslado a una cárcel con peores condiciones.
A los presos políticos los han perseguido, torturado y a diario
violan sus derechos humanos. Esos venezolanos que hoy están detrás de los
barrotes del régimen son inocentes de los delitos que les acusan, en cada
expediente, en cada audiencia que han tenido queda demostrada su inocencia.
Ellos deberían estar en libertad.
Es por ello que tiene que quedar claro que inconstitucional no es
la Ley de Amnistía, inconstitucional es la decisión espuria de los cuestionados
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que con escasos argumentos
jurídicos pretenden que los presos políticos sigan detenidos arbitrariamente.
Sepan los magistrados protagonistas de violaciones de derechos
humanos, que los delitos contra los derechos humanos no prescriben, que hoy
ustedes aplauden, protegen y defienden a la dictadura cruel de Venezuela,
dictadura que, más temprano que tarde caerá y en ese momento, muchos
venezolanos exigiremos la justicia que están negando hoy.
@zulmaire
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