Fuente: http://www.eltiempo.com
SERGIO GOMEZ MASERI/8:06 a.m. /05 de Mayo del 2014
La ONG registró desde tortura hasta violaciones por parte de la Fuerza Pública durante protestas.
Más que hechos aislados, los abusos por parte de la fuerza pública que se registran en Venezuela desde febrero hacen parte de un patrón sistemático orquestado por el Gobierno de Nicolás Maduro para suprimir las manifestaciones en su contra y que incluye hasta disparos de perdigones a quemarropa.
Esto de acuerdo con la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) que este lunes, desde Washington, reveló un detallado y crítico reporte en el que da cuenta de una "gravísima situación" que describe la actual como la peor crisis en DD.HH. que ha vivido el vecino país en muchos años. (Vea todas las noticias sobre las manifestaciones en Venezuela).
El informe, de 103 páginas, se titula "Castigados por Protestar: Violaciones de Derechos Humanos en las Calles, Centros de Detención y el Sistema Judicial de Venezuela" y documenta 45 casos que afectaron a por lo menos 150 personas en Caracas y otros tres estados en este país.
"Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados", señala HRW en el reporte.
Dice, además, que numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y que funcionarios judiciales fueron cómplices pues no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.
El reporte sostiene, a su vez, que la fuerzas de seguridad no solo han permitido que la pandillas armadas (llamadas colectivos) ataquen a civiles desarmados sino que en algunos cosas han colaborado abiertamente con ellos.
"La magnitud de las violaciones de Derechos Humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados. Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años", afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La investigación adelantada por la ONG cubre incidentes ocurridos durante un periodo de seis semanas desde marzo pasado e incluyó visitas a Caracas y los estados de Carabobo, Lara y Miranda.
Durante ese lapso, entrevistaron a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de Derechos Humanos.
De acuerdo con HRW también recopiló numerosas evidencias físicas incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y resoluciones judiciales.
Según el reporte si bien algunos de los manifestantes han recurrido a métodos violentos, las fuerzas de seguridad han empleado el uso ilegitimo de la fuerza contra personas desarmadas que no representaban amenaza alguna.
De hecho, sostiene el informe, algunos de los abusos más graves se presentaron contra personas que ni siquiera protestaban o ya se encontraban detenidas.
En ese sentido HRW sostiene que el propósito de los abusos no parece haber sido restablecer el orden público sino castigar a las personas por su opiniones políticas e impedir que se documentarán las tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad.
"En la mayoría de los casos documentados - sostiene HRW- las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras".
La ONG dice que por lo menos 10 casos se pueden catalogar como tortura y cita además severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual.
En el reporte HRW afirma que en casi todos los 150 casos que analizaron, a los detenidos se les negaron las garantías del debido proceso, algo que demostraría que el poder judicial venezolano ha dejado de ejercer su rol como garante frente a los abusos del gobierno.
"Muchas de las víctimas -anota HRW-, permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de abuso físico".
El documento incluye una seria de recomendaciones, entre las que se le pide a la comunidad internacional que actué frente al gobierno de Venezuela para que desista de sus violaciones a los Derechos Humanos.
"La comunidad internacional -y en particular los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano- deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados. En concreto, deberían exigir que el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean responsables de ataques a manifestantes", subrayó Vivanco.
Así mismo, le pide al Estado que investigue de manera oportuna e imparcial los abusos y se juzgue a los responsables.
También, que acepte los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas en el plazo más breve posible.
Según HRW, la Asamblea Nacional venezolana debería restablecer la credibilidad e independencia del poder judicial seleccionando nuevos magistrados permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo (del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político.
CORRESPONSAL EL TIEMPO WASHINGTON
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