Reprimir es delito, protestar un derecho

ZULMAIRE GONZÁLEZ |  EL UNIVERSAL

sábado 8 de febrero de 2014  12:00 AM

"Nuestro terreno debe ser la calle, nuestra estrategia, la no violencia y nuestro rumbo, una mejor Venezuela". Leopoldo López

Quien diga que las últimas medidas económicas y sociales adoptadas por el régimen de Maduro consolidarán a Venezuela como una potencia en América Latina después de 15 años de políticas erradas, y además considere que hay voluntad política para atacar los principales problemas del país, debe ser boliburgués, alto funcionario, bolichico, pertenece a una de las tantas misiones-becas que generosamente existen en nuestro país o simplemente está disociado de la realidad.

Aunado a los errores en materia económica, autoritarismo e ineficiencia para atacar los principales problemas del país, el gobierno de Maduro con sus acciones y omisiones coloca al Estado venezolano dentro de los países con conductas alejadas de la promoción y protección de derechos humanos, debido a que existe una clara ineficiencia para garantizar el derecho a la vida, la seguridad e integridad de los venezolanos;  el derecho de igualdad ante la ley; se cercena el derecho de opinión y libertad de expresión, así como el libre tránsito; se coarta el derecho a la libertad económica y criminaliza el derecho a la protesta.

A muchos se les olvida que protestar es un derecho consagrado en nuestra  Constitución y en los artículos XXI y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por eso es inaudito que dirigentes del oficialismo y algunos de la oposición rechacen la protesta como vía legítima para manifestar el descontento contra el régimen actual,  al calificarla de delito, atajos y conductas antidemocráticas. Asimismo, se debe rechazar una vez más la criminalización de la protesta y las acciones judiciales desproporcionadas  contra los ciudadanos que ejercen su derecho.

Es importante recordar la comunicación dirigida al Estado venezolano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2013 a propósito de las protestas realizadas después del 14 de abril de 2013, mediante la que advirtió: "(...) El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. La criminalización de la legítima movilización y protesta social y del ejercicio de la libertad de expresión, sea a través de represión directa o mediante la iniciación de procesos judiciales originados en el ejercicio de dichos derechos, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión".

Es el momento de ejercer el derecho a la protesta pacífica en Venezuela, motivos sobran para rechazar, reclamar, quejarse y condenar las actuaciones del régimen, especialmente cuando está en juego nuestra "libertad".

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