Zulmaire González y Juancarlos Vargas
Los
venezolanos y el mundo entero volvieron a ser testigos de hechos de violencia desatada por el régimen que gobierna a Venezuela desde hace 15 años. El
12 de febrero, fecha en que se celebra el Día de la Juventud en Venezuela, estudiantes,
activistas políticos, sociedad civil y ciudadanos salieron a manifestar, de
manera pacífica, en todo el país contra la inseguridad, desabastecimiento,
inflación, presos políticos, y sobre todo contra las arbitrariedades que Maduro
ha venido implantando desde que asumió la presidencia.
Ha
sido un patrón en la conducta de Nicolás Maduro utilizar la fuerza y reprimir en
las protestas pacíficas. Los estudiantes se han convertido en las víctimas favoritas
de Maduro, quien les teme porque históricamente estos jóvenes son símbolo de
lucha, fuerza, valentía, creatividad, y coraje. En los momentos en que los
estudiantes han recurrido a la protesta pacífica ha quedado en clara evidencia
la falta de liderazgo y carisma de quien ocupa la silla de Miraflores.
En
Venezuela se ha venido implementando la persecución como política de Estado
bajo la asesoría del régimen castro-comunista. Maduro ha ordenado directamente a
los órganos represivos del Estado, los cuales son controlados por el Ministro
del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, detenciones arbitrarias
dirigidas a comerciantes, activistas políticos, y más recientemente contra
estudiantes, entre los que incluso se encuentran menores de edad. Para
justificar estas detenciones los órganos competentes fabrican delitos,
constituyendo un mecanismo para criminalizar a la disidencia. Preocupa el
carácter sistemático de esta conducta, que se inicia con la represión desproporcionada,
para luego pasar a la privación arbitraria de la libertad como fase previa a la
tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, e incluso para la desaparición
forzada de personas.
El
perfeccionamiento de lo antes descrito quedó en evidencia con ocasión de las
últimas protestas pacíficas organizadas por estudiantes, y especialmente
durante la manifestación que se
realizó en conmemoración del Día de la Juventud. Jornada que culminó con la
muerte de dos estudiantes universitarios quienes fueron ultimados por efectivos
policiales y la detención arbitraria de aproximadamente 100 jóvenes.
Nicolás
Maduro, el Ministro del Interior, y últimamente el Presidente de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello, amenazan y dan las órdenes directas para perseguir.
La opinión pública ha sido testigo que en la persecución y represión no solo actúan
fiscales, jueces, la policía política, efectivos policiales, militares, sino
también se ha recurrido a grupos civiles armados o cuerpos paramilitares, con el propósito de generar violencia, intimidar y atentar contra los estudiantes
y la población quienes han venido protestando de manera pacífica.
Estos grupos armados fueron organizados por el ex Presidente Hugo Chávez con el
propósito de realizar trabajo en beneficio de sus respectivas comunidades, pero alguno de ellos poco después fueron armados y financiados por el propio gobierno para
convertirse en “guardianes de la revolución”, para lo cual atentan contra la
disidencia, esto es el uso del terror como arma política. Aunado a ello, hay
información de que agentes cubanos castristas, fueron infiltrados dentro de la Fuerza
Armada para conjuntamente con la milicia armada articular una maquinaria
represiva que opera dentro del Estado venezolano con el propósito de atemorizar
a la población. Dicha maquinaria está inspirada en los mecanismos de represión
que exitosamente ha empleado el régimen de los hermanos Castro durante los
últimos 50 años.
Además
de la amenaza y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes
del orden público al momento de reprimir las manifestaciones, se llevaron a
cabo un conjunto de detenciones arbitrarias, en violación de derechos humanos
relacionados con las garantías al debido proceso, como el derecho a ser juzgado
por el juez natural, reclusión en establecimientos militares, imposibilidad de
acceder a sus abogados, además de violaciones al derecho a la integridad
personal. En las próximas horas el gobierno ha anunciado que los presentará
ante los tribunales penales, para luego trasladarlos, como ha ocurrido en otros
casos, a establecimientos penitenciarios donde deberán coexistir con procesados
por delitos comunes, muchos de ellos de alta peligrosidad.
El
Estado venezolano a través de sus instituciones debe garantizar el derecho a la
protesta, de lo contrario los funcionarios que por acción u omisión coadyuven a
la violación de estos derechos, se convierten en agentes de violación de
derechos humanos. Esta práctica ha sido sistemática durante los últimos cinco
días. Como consecuencia de ello, además de ser exigible la responsabilidad
internacional del Estado por violación de DDHH, es exigible la responsabilidad
penal individual de los funcionarios que han incurrido en conducta activa u
omisiva que se haya traducido en violación a DDHH.
Es oportuno alertar a los funcionarios del
Estado venezolano, bien sean integrantes del alto gobierno, fiscales del
Ministerio Público, jueces penales, oficiales de la Fuerza Armada, Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpos policiales e incluso los
colectivos armados que deben estar conscientes de las consecuencias jurídicas
de los actos represivos en que han incurrido, toda vez que estos llenan los
extremos para ser considerados como violaciones masivas y sistemáticas a los
derechos humanos, por lo que podrían terminar en La Haya enfrentando
la justicia penal internacional.
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