Un grupo de catedráticos aseguró que el pretenderle allanarle la inmunidad a un diputado con la mayoría absoluta del Parlamento sería un fraude a la Constitución.
EL UNIVERSAL
martes 23 de julio de 2013 04:46 PM
Caracas.- La manera como se está llevando el proceso contra el diputado Richard Mardo (Primero Justicia) es otra muestra de la existencia de un plan gubernamental para perseguir a la disidencia. Así lo denunciaron los catedráticos de Derecho, Carlos Ayala Corao, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga, José Vicente Haro y Gustavo Tarre Briceño en una rueda de prensa celebrada hoy.
Ayala Corao explicó que los venezolanos que se atreven a expresar sus opiniones, sus ideas, y ejercen sus profesiones son objeto de estigmatización, y en algunos casos de linchamiento político; y como ejemplo de ello puso el caso de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, quien "por cumplir con una recomendación de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias está siendo perseguida penablemente y procesada, sufrió detención carcelaria, hasta su salud y su integridad física y moral se vieron afectadas".
Para el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo mismo le está pasando a Mardo y a otros legisladores opositores; y recordó que los diputados deben tener las garantías para representar al pueblo. "Deben estar cubiertos de la protección de la inmunidad parlamentaria, que implican que precisamente no puedan ser procesados, retenido, requisados, allanados, sin el cumplimiento de formalidades ".
Por su parte, Duque Corredor rechazó la interpretación que desde el oficialismo se hace sobre el proceso de allanamiento de la inmunidad a un legislador y sostuvo que la misma solo puede ser levantada por una mayoría calificada.
"Resulta paradigmático la violación de manera directa, fragante e inmediata del Estado de Derecho. Interpretar el allanamiento como una simple autorización es una manipulación o fraude constitucional que atenta contra el propósito del constituyente de crear un ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de la democracia", agregó.
Ayala Corao explicó que los venezolanos que se atreven a expresar sus opiniones, sus ideas, y ejercen sus profesiones son objeto de estigmatización, y en algunos casos de linchamiento político; y como ejemplo de ello puso el caso de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, quien "por cumplir con una recomendación de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias está siendo perseguida penablemente y procesada, sufrió detención carcelaria, hasta su salud y su integridad física y moral se vieron afectadas".
Para el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo mismo le está pasando a Mardo y a otros legisladores opositores; y recordó que los diputados deben tener las garantías para representar al pueblo. "Deben estar cubiertos de la protección de la inmunidad parlamentaria, que implican que precisamente no puedan ser procesados, retenido, requisados, allanados, sin el cumplimiento de formalidades ".
Por su parte, Duque Corredor rechazó la interpretación que desde el oficialismo se hace sobre el proceso de allanamiento de la inmunidad a un legislador y sostuvo que la misma solo puede ser levantada por una mayoría calificada.
"Resulta paradigmático la violación de manera directa, fragante e inmediata del Estado de Derecho. Interpretar el allanamiento como una simple autorización es una manipulación o fraude constitucional que atenta contra el propósito del constituyente de crear un ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de la democracia", agregó.
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