Por: Zulmaire González // El Universal
Sábado, 01 de junio de 2013
El chavismo sin Chávez comenzó oficialmente
el 14 de abril de 2013 con muy mal pie: impugnación de todo el proceso
electoral, devaluación, desabastecimiento, alta inflación, mayor índice de
inseguridad comparado con el año anterior, problemas económicos, intervención
del sistema eléctrico, corrupción, AH1N1, más las divisiones internas en el
PSUV. Nada fácil para Nicolás Maduro a quien se encomendó continuar y mantener
la llamada revolución bolivariana.
En un país normal y totalmente
democrático, donde los gobernantes y los que dirigen las instituciones están
avocados a resolver los problemas ciudadanos de forma transparente y con
independencia partidista, en este momento se estaría trabajando para generar
las políticas públicas que lleven a la solución de los problemas. Pero,
lamentablemente, en nuestro país pasa todo lo contrario debido a que la
palabra democracia está en entredicho, un número importante de los funcionarios
que laboran para el Estado están al servicio de un partido, así como de un proyecto
político, esto en la mayoría de los casos con el propósito de aumentar sus
respectivos patrimonios personales a costa del dinero que pertenece a todos los
venezolanos.
Parece que la principal política
de Estado de Maduro para atacar los graves problemas que vivimos los
venezolanos se centra en la persecución. En los catorce años que gobernó Chávez
con autoritarismo e investidura militar no se implementó una persecución sistemática, mientras que Maduro en
apenas un mes y medio como “presidente de la República” ya ha acumulado presos
políticos, torturados, despidos de la administración pública por la sencilla
razón de manifestar que votaron por Capriles en las pasadas elecciones o por
que en sus redes sociales tienen algunas imágenes donde evidencian su posición
política; además de quienes han sido privados de libertad por opinar contra el
gobierno a través de twitter, así como por hacer uso de las cacerolas como derecho a la protesta pacífica.
Asimismo, existen casos como el del economista José Guerra quien tiene abierto
un procedimiento ante el Ministerio Público por opiniones publicadas en la
columna que mantiene en un diario de circulación nacional.
El éxito de la política de Estado
de perseguir a los que disienten del gobierno va acompañada por la falta de
independencia que existe en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, toda
vez que a los estudiantes privados de libertad por protestar después de las elecciones
de abril y al General (R) Rivero, por nombrar algunos, le han aplicado la Ley
Antiterrorismo, que tipifica la protesta civil o el cierre de calles como actos
terroristas, lo cual es considerado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos como una forma legítima de ejercer la libertad de expresión.
No solo Leopoldo López, el
General (R) Rivero, Henrique Capriles, actores políticos, estudiantes,
comunicadores sociales están siendo perseguidos por el gobierno de Maduro. En
esta era del chavismo sin Chávez donde la política de Estado es perseguir a la
disidencia, los que opinan
mediante las redes sociales, así como quienes cacerolean para hacer uso
de la protesta pacífica, y los que opinan distinto al régimen, se convierten en
perseguidos de un gobierno que carece de legitimidad de origen.
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